¿Serán las estancias infantiles el Chernóbil del nuevo gobierno?

Si se trata de un pasado que ilegitima, el argumento mancharía a la GN, abanderada ayer por el presidente López Obrador, e integrada para su arranque por contingentes aportados por el Ejército, la Marina y la Policía Federal. En efecto, en la recomendación 51/2014 de la CNDH se responsabiliza a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir al Ejército, de los hechos en los que murieron 22 personas en Tlatlaya. En la carpeta 4VG/2016, la CNDH encuentra responsable a la Policía Federal de graves violaciones a los derechos humanos que resultaron en la muerte de decenas de civiles en Tanhuato, presumiblemente integrantes del CJNG. El 12 de agosto de 2010, la CNDH integró carpeta por el asesinato de Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey, a manos de elementos del Ejército y emitió recomendación al secretario de la Defensa. A diferencia de los afirmado, el 27 de septiembre de 2014, al día siguiente de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la CNDH inició la integración de una carpeta de investigación y en octubre creó una oficina especial, sólo dedicada a investigar el terrible crimen.

En su comunicado, Bienestar menciona que la CNDH, durante el periodo neoliberal, “en lugar de ser la institución que defendiera al pueblo de las atrocidades cometidas por las autoridades y sus protegidos, se convirtió en un instrumento de simulación”, pero resulta que las autoridades a las que se refiere fueron precisamente el Ejército y la Marina. Tanto la Marina como el Ejército han aceptado las recomendaciones de la CNDH, aceptando la autoridad de ésta en casos gravísimos.

La recomendación de la CNDH a la Secretaría de Bienestar, Hacienda, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y el DIF demuestra con rigor que las mencionadas autoridades violaron compromisos internacionales firmados por México en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas, así como los derivados de los artículos del 1 al 4to de la Constitución sobre la progresividad de los derechos y sobre el interés superior de la niñez. A mi juicio, y aquí coincido con la Secretaría de Bienestar, la CNDH debió también haber responsabilizado a la Cámara de Diputados por haber violado el artículo de la Ley de Presupuesto que ordena que no puede disminuirse el presupuesto de programas sujetos a criterios de transversalidad, como es el caso de programas para mujeres.

¿Por qué rechazar la recomendación 29/2019 descalificando injustamente a la CNDH? Para quien haya visto la escalofriante serie sobre el accidente nuclear de Chernóbil en abril de 1986, el olvido de tantas evidencias a favor de la actuación de la CNDH, a veces menos de lo que se necesitaba, otras veces de una valentía inspiradora pero rara vez omisa, la franca alteración de la verdad por parte de la Secretaría de Bienestar, parecería apuntar al nacimiento de un síndrome, similar al de la burocracia soviética que llevó al peor desastre nuclear de la historia. El síndrome de considerar que es más importante el proyecto del gobierno que la verdad, el de pensar que admitir un error constituiría una mácula irreparable en la fama de un gobierno que se estrena con el mandato autoimpuesto de inaugurar una nueva era. Todos los gobiernos buscan ocultar sus errores, de ahí el nacimiento de instituciones a favor de la transparencia. Pero en los expaíses socialistas la alteración de la verdad, como la ocultación por parte de la KGB de una publicación que demostraba la existencia de una potencial falla fatal en el funcionamiento de los reactores de Chernóbil, se llevó al nivel de arte.

El interés superior de la niñez no es sólo una frase feliz. Debe ser guía y faro de cualquier gobierno y más de uno que recién inicia.