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Por qué sí a las fotomultas

Cecilia Soto

Cecilia Soto

De donde se podría concluir que según el futuro funcionario el interés público estaría representado por los ingresos de la Secretaría de Finanzas. Es decir, si un porcentaje sensiblemente mayor de las multas fuera a la Tesorería de la CDMX, entonces el interés público estaría bien servido.

Tengo una concepción diferente de lo que en este caso es el interés público, tan diferente que aún si en un caso extremo la empresa se llevara un porcentaje mayor, no necesariamente se privilegiaría el interés privado sobre el público. El interés público está representado por un abanico de objetivos: en primer lugar, la protección a la vida y la integridad física de peatones, ciclistas y automovilistas pasando por una mejor movilidad, más ordenada y expedita para terminar con una mayor educación vial de los automovilistas. La combinación del nuevo Reglamento de Tránsito aprobado en diciembre de 2014 junto con herramientas como las fotomultas buscan algo muy ambicioso: un cambio de conducta en un grupo de ciudadanos, los conductores, mal acostumbrados a la anarquía, la corrupción de la mordida, la cultura de “la ley para los demás” no para mí, malos hábitos propiciados por mala señalización, policías mordelones y un largo etcétera.

Las estadísticas con que se cuenta parecen ratificar que en el objetivo de salvar vidas y disminuir homicidios culposos y lesiones, el programa de fotomultas ha sido exitoso. En 2014, sin nuevo reglamento y sin fotomultas, hubo 833 muertes. En 2015, 739. En 2016, 626 y en 2017, 550. En otras ciudades donde también se han instalado las antipáticas camaritas, también, han disminuido los accidentes con muertes y/o lesiones en un promedio de 31%. Otros futuros funcionarios argumentan que los mil 500 millones que se ha llevado Autotráffic se podrían haber invertido en infraestructura. La pregunta es cuánto tendría que haber invertido el gobierno de la ciudad para obtener esa cantidad de ingresos por multas.

El primer antecedente a este programa se encuentra en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con los medidores de velocidad, pues el exceso de ésta y pasarse el alto están entre las principales causas de decesos. Durante el gobierno de Marcelo Ebrard se simplifican radicalmente trámites en los que la corrupción era prácticamente inevitable. ¿Quién lograba pasar el examen para obtener licencia? Nadie. Al reducirse al mínimo la interacción entre el conductor y la autoridad, la corrupción disminuyó radicalmente en las oficinas de licencias. Las fotomultas mejoran esta experiencia gracias a la tecnología: eliminan la interacción personal entre conductor y autoridad, eliminan discrecionalidad y otros vicios. Que se puede incurrir en injusticias, claro, que se puede mejorar: también y mucho.

El segundo argumento de Lajous es más interesante: que no hay suficiente transparencia en los criterios de colocación de las cámaras, ni en otras partes del proceso de detección del infractor, ni suficiente mejora del patrón de conducta del conductor. Ahora que hay un proceso de interacción entre los equipos de gobierno actual y de transición el futuro secretario podrá comprobar o no estas hipótesis. Puede mejorar el sistema o tirar el agua de la bañera con todo y el niño.

Pero el debate de fondo es si para cambiar la conducta de los conductores basta un método punitivo, como el de recibir un castigo vía multa, o se requieren incentivos educativos y casi amorosos. Vamos: pueblo bribón versus pueblo bueno. Conductismo versus paz y amor.

Lajous pide prestados argumentos a la economía conductual: que los ricos absorben las multas y se siguen pasando altos y límites de velocidad. ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje de los multados? Que se endurezcan castigos a los reincidentes tanto de los punitivos como de los amorosos: mayores multas, posible pérdida temporal de licencia, clases sobre el reglamento y servicio a la comunidad, por ejemplo, estar en un semáforo ayudando a un poli por una semana. Ya conté yo mi experiencia: nunca más me doy una vuelta prohibida. Sigue Lajous: Que a los conductores con menos recursos una multa les causa gran daño económico. Remedio: más información para que sepan que si la pagan de inmediato se reduce en 80 por ciento.

Por último, el próximo titular de Movilidad en la CDMX argumenta que hay que quitar las fotomultas porque el programa es rechazado por la población, dado que el programa privilegia el interés privado sobre el público y por opaco. Ojalá nuestros conductores fueran tan sofisticados. Algunos o muchos conductores rechazan (yo no) las fotomultas por las mismas razones que los niños odian las vacunas y las inyecciones. Porque duelen: duele pagar multas, duele disciplinarse. Lajous contrapone otro programa punitivo que es bien evaluado por el público: el alcoholímetro. Es un ejemplo interesante. Apunto algunos elementos de por qué no es comparable: tiene 15 años de haberse implementado; conducir alcoholizado es considerada una conducta intrínsecamente peligrosa. En cambio, pasarse un alto es un pequeño riesgo y es de listos. Conducir a altas velocidades es un placer y una demostración de poder. En resumen: que el nuevo gobierno de la ciudad examine esta herramienta libre del síndrome electoral que hacía ver mal todo lo que hacía el gobierno anterior. Y. Nos vemos en Twitter a velocidades permitidas: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx

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