No juzgar a los corruptos es corrupción

La pregunta es relevante porque, nuevamente, en su gira de agradecimiento, el presidente electo planteó un dilema falsamente irresoluble: perseguir la corrupción de gobiernos anteriores impediría el desarrollo del país. “No nos alcanzarían las cárceles”, aseguró. Por el contrario, no perseguir los delitos graves apuntados en las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua contra el ex gobernador César Duarte, las acuciosas investigaciones de la *Estafa Maestra contra la titular de Sedesol y varios rectores de universidades públicas, los hechos documentados por QuintoELab contra Emilio Lozoya y Alonso Ancira relacionados con los delitos cometidos por la empresa Odebrecht, por citar los casos más relevantes, impedirá el buen desarrollo de la obra pública, multiplicará las probabilidades de más socavones y fortalecerá al crimen organizado, pues las redes de corrupción son otra de las formas del crimen organizado.

Como lo desarrollaron varios de los ponentes en el #ENAC2018, para ser eficiente la justicia, necesariamente, tiene que ser selectiva. Pero a diferencia de la selectividad arbitraria y opaca del viejo sistema penal o de gobiernos en los que el Ejecutivo apabulla al Poder Judicial, los criterios de selectividad ahora tienen que ser transparentes y explícitos y formar parte de los objetivos y metas de las fiscalías y del poder judicial. Como dice el fiscal brasileño Deltan Dallagnol: “Uno no puede ocuparse de la mafia si al mismo tiempo se concentra en perseguir a los carteristas”.

Una de las figuras más relevantes del Encuentro Nacional Anticorrupción fue la presencia del Fiscal Anticorrupción del Perú, José Domingo Pérez. En Perú han documentado delitos de corrupción vinculados con Odebrecht de los presidentes Alan García, Alejandro Toledo, en proceso de extradición desde Estados Unidos, Ollanta Humala, quien ya estuvo en la cárcel, Pedro Pablo Kuczynski quien renunció y está siendo juzgado y a la ex candidata presidencial y parlamentaria Keiko Fujimori, detenida hace dos días. Instrumento fundamental para estas investigaciones ha sido el convenio formalizado con las autoridades brasileñas para compartir información, lo que ha permitido firmar acuerdos con la filial Odebrecht Perú tanto para compartir información y aportar pruebas como para establecer los términos de reparación a los daños contra el patrimonio peruano.

A partir del 25 de octubre, de los países latinoamericanos en los que los directivos de Odebrecht han confesado que dieron sobornos, México será vergonzosamente el único que se ha negado a negociar un convenio con Brasil para intercambio de información. El 24 de octubre entrará en vigor el convenio firmado entre los gobiernos de Argentina y Brasil para el intercambio de información respecto a casos de corrupción, muy especialmente el de Odebrecht. Al igual que la Procuraduría General de la República, PGR, de México, las autoridades argentinas anteriormente argumentaban cuestiones de soberanía nacional ante las limitaciones contenidas en los convenios con Brasil.

El Ministerio Público brasileño exige, con razón, que los funcionarios de Odebrecht  que negociaron un acuerdo de “confesión premiada” en Brasil,  no pueden ser juzgados en otro país, pues esto sería violatorio del acuerdo firmado entre acusados y perseguidores. Los convenios de “colaboración premiada”, “delación premiada” o como se le quiera llamar han sido la herramienta más eficaz para no quedarse en “los carteristas” en los grandes casos de corrupción. Así ha sido con la exitosa Operación Lavajato y ahora en Argentina con el escándalo de los Cuadernos del chofer del subsecretario del Ministerio de Planeación, quien documentó minuciosamente el transporte de bolsas y sacos de dinero en efectivo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y que ha llevado al ex ministro Julio de Vido a recibir una sentencia de cinco años de cárcel.

La PGR y su encargado de pacotilla han mentido nuevamente al pueblo de México al argumentar que Brasil no ha mandado la información necesaria para proseguir con la investigación sobre el caso Odebrecht y el expolio a Pemex. La PGR se ha negado a firmar el convenio con las autoridades brasileñas para proteger al presidente Peña Nieto, a Emilio Lozoya y a Alonso Ancira. Ya sabemos que, por desgracia, el próximo Fiscal General de la República, no será independiente del Ejecutivo. Si el Fiscal de AMLO también posterga la firma de un convenio de colaboración con Brasil bajo cualquier pretexto, sabremos que el compromiso del próximo gobierno fue un simple lema de campaña. No perseguir el caso Odebrecht sería ilegal, pues el robo a la nación se persigue de oficio. Nos vemos en Twitter : @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx

Analista política

ceciliasotog@gmail.com