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La SCJN corrige al Presidente: bueno para todos

Cecilia Soto

Cecilia Soto

“La llamada independencia de poderes está al servicio del  imperio norteamericano”, Evo Morales, presidente de Bolivia

La ilusión es la muy conocida idea de que el fin justifica los medios. Como el fin, según el gobierno afectado por este síndrome, es positivo habrá que ignorar o remover todos aquellos obstáculos que se interpongan. En el caso de nuestro país y siempre según el gobierno recién estrenado, 30 millones de votos ya sancionaron como positivas todas las propuestas presidenciales.

La idea de que la separación de poderes es una idea obsoleta, burguesa, que se opone a la “soberanía popular” viene siendo practicada desde hace tiempo por el gobierno venezolano, el nicaragüense y el boliviano entre otros. Pero lo que demuestran especialmente los dos primeros es lo atinado del famoso dicho de Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Sin el contrapeso de un poder autónomo, sin la voz y la fuerza legal del “otro”, esos dos gobiernos ejercen el poder absoluto en forma corrupta, despiadada e inhumana.

¿Es inmune el gobierno del presidente López Obrador al dicho de Lord Acton? ¿Las buenas intenciones lo protegen de caer en prácticas corruptas? Corrupción no es sólo robar dinero; corromperse es también violentar la ley y ya la han violentado, con el caso del gobernador/senador de Chiapas; ya han corrompido la democracia parlamentaria al hacerse de una mayoría artificial en la Cámara de Diputados con la adquisición de legisladores. ¿Para qué? Precisamente para ejercer el poder… absolutamente.

Es por ello que la suspensión temporal de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos ordenada por el ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, debe ser un sano recordatorio de lo riesgoso que resulta para el propio proyecto del actual mandatario gobernar sin contrapesos, sin que se acepten los argumentos del sustancial número de mexicanos que no votaron por él, repitiendo las prácticas de las mayorías absolutas que tanto repudiamos quienes votaron a favor y en contra de su candidatura.

La estrategia de comunicación del nuevo gobierno para responder a este primer freno ha sido la de plantear que quienes interpusieron las acciones de inconstitucionalidad defienden los altos salarios y los privilegios. Esto es falso. Es importante aclarar que el ministro Pérez Dayán resolvió las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la CNDH y por 55 senadores, no los miles de amparos interpuestos por funcionarios del Poder Judicial, que por procedimiento su primer destinatario no es la SCJN.

Después de escuchar a más de mil ciudadanos, la CNDH pide a la SCJN que solicite al Congreso actas notariadas en las que se verifique la ruta parlamentaria que se siguió con la aprobación a rajatabla de esta ley. Por mayoritear igual que durante los peores tiempos del PRI y a diferencia de lo que opinan los líderes de Morena en el Congreso, la Secretaría de Hacienda no podrá calcular las remuneraciones de los servidores públicos con los criterios de la ley impugnada.

Dice el ministro Pérez Dayán: “…procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que reciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019 no sean fijadas en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia…” y, por tanto, tendrán que ser presupuestadas según el ejercicio de 2018. De hacerlo, la Cámara de Diputados, única responsable de la aprobación del Presupuesto, caería en desacato.

El Presidente tiene prisa por hacer historia. Le incomoda el Poder Judicial. Por ello, no fue un olvido, sino un mensaje directo el no mencionar la presencia del presidente y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, en la toma de posesión del pasado 1ro de diciembre. Mandar una terna con dos abogadas militantes de Morena y un magistrado que ha sido su incondicional, una falta de respeto y la demostración de la intención por minar la autonomía de la Corte.  A nadie le conviene, y menos al Presidente, cuestionar uno de los pocos logros de la transición democrática de México: una Suprema Corte, más autónoma y confiable. Nos vemos en Twitter: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx

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