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La revolución al norte

Cecilia Soto

Cecilia Soto

Sin alardes ni pretender ser la reencarnación de Alexander Hamilton y F.D. Roosevelt, el presidente Joe Biden encabeza una revolución en la economía que representa el cambio más importante desde el rompimiento de su país con el patrón oro, en agosto de 1971, fecha que marcó el inicio de la loca carrera en la que el mundo de las finanzas fue ganando terreno sobre el mundo de la economía real. Este cambio es también una señal para saber si un capitalismo renovado —más equitativo, fiscalmente justo y ambientalmente sostenible— pudiera tener algún futuro. Simultáneamente, la bideneconomía representa una oportunidad de bonanza para México, pero también —bajo ciertas circunstancias— un riesgo para las regiones más industrializadas del país.

Muchos procesos convergieron para hacer esto posible, varios de ellos en marcha desde antes de la pandemia de covid-19. En primer lugar, el fracaso de los instrumentos utilizados en la crisis de 2008-2009 y las lecciones sacadas de esto. En segundo lugar, la exitosa batalla intelectual que representa el trabajo de Thomas Piketty y otros contra la desigualdad y la demostración de que su exacerbación representa un freno para el crecimiento y la paz social. En tercer lugar, el huracán devastador de la pandemia en la economía mundial y los síntomas premonitorios del fascismo que acompañaron al gobierno de Donald Trump.

En cuanto a las lecciones de la crisis de 2008, las formidables cantidades de dinero impresas por los bancos centrales no sirvieron para impulsar una verdadera recuperación de las economías desarrolladas, sino para fortalecer a los bancos; la austeridad impuesta al gasto público de los países en problemas sólo causó más sufrimiento y escaso crecimiento. Hoy, la imperdonable tortura pública a la que fue sujeta Grecia en 2009 por los organismos internacionales y por la Unión Europea no sería posible, en parte por el efecto del segundo proceso que cito. Los funcionarios de la triada que antes impulsaba la austeridad draconiana por, sobre todo, el FMI, el Banco Mundial y la OCDE, etcétera, impulsan ahora políticas fiscales progresivas, el combate a la desigualdad y hasta simpatizan con propuestas audaces como el Ingreso Básico Universal (UBI), un impuesto a las herencias o el recientemente propuesto impuesto solidario temporal a las corporaciones favorecidas por los cambios impuestos por las medidas en contra de la propagación de covid-19.

El doble huracán de la pandemia y Trump hizo visible el daño hecho por la austeridad y la falta de inversión a las capacidades de las economías para proveer servicios de salud, educación y empleo decentes, además de adelgazar al extremo las redes de protección social que salvaban a los más vulnerables en caso de una crisis. Los triunfos de diversos gobiernos populistas de derecha e izquierda, con claros rasgos autoritarios y su eclosión en EU bajo Trump, en movimientos abiertamente racistas y francamente protofascistas, cambiaron la ecuación política a favor de Joe Biden y del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y en el Senado.

Esta nueva ventaja política permitió la aprobación en el Congreso del paquete legislativo de emergencia para mitigar los efectos de la pandemia en los hogares americanos, con un valor de 1.9 billones de dólares (siguen 11 ceros después del 9), tanto para acelerar la campaña de vacunación como para llevar ingresos a los hogares y en especial disminuir en casi 50% la pobreza entre niños y niñas. Este paquete que busca incentivar la demanda debe ser complementado con el paquete de infraestructura —con más dificultades para ser aprobado— que propondrá Biden, de 2.25 billones de dólares (agregue 10 ceros), esencial para evitar cuellos de botella en la oferta de bienes y servicios.

Ambos paquetes, pero sobre todo el último, impactarán positivamente a nuestro país. Tanto por las remesas, pero especialmente por el aumento en la demanda de los bienes que producen los sectores exportadores manufacturero y agropecuario, concentrados en el centro norte del país. Hay, sin embargo, varios riesgos. Ante la dislocación de las redes de proveeduría causada por la pandemia y por el enfrentamiento China-EU, compañías muy importantes han regresado a la integración vertical. El ejemplo más conocido es la compra por parte de Johnson & Johnson del laboratorio que echó a perder 15 millones de dosis. Otro menos conocido es el efecto disruptor en la industria automotriz norteamericana causado por la disminución de la producción en las maquiladoras del norte de México. Si a esto le sumamos el decreto presidencial Made in America para favorecer en las compras gubernamentales lo producido en Estados Unidos, incluyendo proveedores, hay un riesgo importante para algunos de nuestros empleos en la manufactura. Hay poco que esperar del gobierno federal con prejuicios crecientes contra el sector privado. Este último tendrá que organizarse y cabildear creativamente en EU.

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