El surtido rico

Un ejemplo útil de lo que significa someter a la voluntad popular el acatar  o no  la ley (que el presidente juró cumplir y hacer cumplir) es aplicarlo a un tema ajeno a la agenda de Palacio Nacional. ¿Qué pasaría si se somete a consulta popular  cumplir o no  con lo exigido  por el Tratado de Aguas de 1944? Si en Chihuahua  se sometiera hoy a votación el cumplimiento del tratado, tal como lo busca implementar la Conagua, con el vaciamiento de la Presa La Boquilla, ésta perdería clamorosamente. No porque los productores locales no quieran que se cumpla; se ha hecho durante 75 años en buenos y malos años, siempre con  una comunicación fluida entre productores y Conagua. Pero hoy perdería porque hay una sequía extraordinaria y por el desdén con el que el gobierno federal ha tratado a los productores agrícolas locales. 

Como muchos, considero que el tratado es de los pocos instrumentos que, claramente, es benéfico para nuestro país, pues por cada unidad de agua que entregamos a Estados Unidos recibimos cuatro. ¿Qué cómo se logró esa anomalía? Una hipótesis es que el Tratado se firmó en 1944 cuando se desarrollaban las batallas más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. Nuestros vecinos estaban distraídos, tuvimos excelentes negociadores y se selló una negociación generosa para México. Cumplir en tiempo y forma es importante para que éste siga siendo válido.

Pero vamos a imaginar que se aplica la metodología presidencial a este conflicto. ¿Qué impediría ampliar este ejercicio de “democracia directa” a aquello que nos incomoda del recién estrenado T-MEC? Aunque los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a la Constitución, el principio que  permea y es la razón de ser de tratados y constituciones es el mismo: la construcción de una obligación jurídica a partir de un proceso democrático y representativo que obliga a su cumplimiento. Y quienes no estén de acuerdo deberán, a través de ese mismo proceso de democracia representativa o negociación internacional, pugnar por su modificación. Si hacemos de la ley un surtido rico nos encaminamos al caos.

En vez de mandar a la Guardia Nacional a militarizar y reprimir manifestantes, inventar teorías conspirativas y prestar oídos sordos a las evidencias presentadas por el gobierno de Chihuahua y los productores locales, el gobierno federal podría prestar atención a la Organización Metereológica Mundial, vocero autorizado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en materia de clima. Ésta publicó el pasado 20 de agosto que “hay un 60 por ciento de probabilidad de que se produzca un episodio de La niña” y que por tanto se tenga un invierno seco de octubre de 2020 a febrero de 2021. De hecho, éste ha sido un verano extremadamente seco para el estado de Chihuahua y en particular para la región que se abastece de agua de las presas que han venido vaciándose para pagar el tratado. Para agosto debería haber llovido una lámina de agua de aproximadamente 10 cms. Este año ha sido prácticamente cero.

La preocupación de los productores locales, un total de casi 12 mil de ellos, es la de tener un ahorro de agua para el ciclo agrícola que debe iniciar en octubre próximo y que debería irrigar casi 100 mil hectáreas. Aunque hay agua para el ciclo agrícola que está terminando, el pago del tratado tal como lo busca imponer por la fuerza la Conago, amenaza el abastecimiento para el riego agrícola del próximo año. ¿Por qué tanta insistencia en hacerlo así, rompiendo una tradición de negociación y diálogo con los productores locales? ¿Por qué ni siquiera recibir las alternativas propuestas por los productores agrícolas? ¿Por qué quienes participan en las consultas favorables a la agenda del presidente son pueblo bueno y sabio y quienes protestan por decisiones centralistas son agitadores irresponsables? ¿Por qué?