Cannabis: una iniciativa que favorece el negocio y poco a la salud

Ya no sólo ponencias ante foros poco concurridos, ya no iniciativas que se archivan en la congeladora legislativa porque eran presentadas por integrantes de la oposición. Si el próximo Presidente no se opone, se podrá aprobar una ley que legalice la producción, comercialización y consumo del cannabis.

Con esta iniciativa, el Senado da acuse de recibo del aviso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, que califica como inconstitucional la ley que —en los hechos— prohíbe y castiga el consumo de la mariguana, pues se contrapone al derecho a la salud referido en los artículos 1ro y 4to constitucionales, según la histórica reforma de 2011. Y sin embargo la iniciativa presentada está lejos de representar lo que promete en su exposición de motivos. No parece estar guiada por la búsqueda del derecho a la salud, sino que favorece un enfoque comercial en el que, necesariamente, el afán de ganancia se contrapondría al de la salud pública y al interés superior de la niñez y los jóvenes.

La iniciativa plantea en la exposición de motivos que “el mayor reto al que se enfrenta cualquier modelo de regulación es el de equilibrar el enfoque de salud pública con el del comercio”. De verdad es innecesario sufrir por este reto imaginario. El norte de cualquier política pública en materia de salud es, como lo plantean los principios de Limburgo a los que se ha adscrito México, el de buscar el “máximo de salud pública posible”. Con este norte en mente  ha sido posible prohibir el humo del tabaco en locales cerrados y advertir en las cajetillas y publicidad oficial del daño comprobado que trae su consumo, a pesar de las protestas de las compañías tabacaleras. Lo mismo puede decirse de la aplicación del IEPS a los alimentos y bebidas altamente calóricos. En esos casos —y falta mucho más por hacer— no hubo “equilibrio entre el enfoque de salud pública y el comercial”, ¿por qué habría que buscarlo en el caso de una sustancia potencialmente nociva como el cannabis?

La iniciativa de la senadora Sánchez Cordero, colega querida con la que conviví y aprendí en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se decanta por un “mercado comercial legal regulado y monitoreado en toda la cadena de valor”. Si entendí bien, “monitoreado” quiere decir aquí una cadena en la que el Estado está fuera de todos los pasos de la cadena de producción-presentación-distribución, limitándose sólo al papel de verificador del cumplimiento de las normas y protocolos que los productores comerciales y los clubes cannábicos deberían satisfacer, definidos por el regulador propuesto en la iniciativa.

La legalización de toda la cadena que permitiría el consumo legal de la mariguana representa un cambio radical para las políticas salud pública y también para la política de seguridad del Estado. Con todo, “radical” no equivale a algo acabado. Se trata de políticas públicas en las que necesariamente existe una dosis de exploración, incluso, de experimentación. Aunque existen estudios, experiencias y recomendaciones con principios básicos, como el de reconocer que el prohibicionismo ha sido un fracaso total, es necesario adaptarlos y ajustarlos a la compleja realidad nacional. Como bien dice el documento presentado por el ex presidente Ernesto Zedillo y los investigadores Catalina Pérez Correa, Fernanda Alonso y Alejandro Madrazo en el foro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi, sobre regulación y legalización de las drogas, la dirección con la que se inicia un proceso de regulación sí importa. Si de inicio se decide un enfoque favorable a los negocios como se plantea en la iniciativa, la experiencia enseña que esto crea intereses difíciles de regular y enfrentar si, por ejemplo, los resultados indican que se trata de un enfoque equivocado o no óptimo al que hay que dar marcha atrás.

La iniciativa no inhibiría la integración vertical de compañías que produzcan y luego distribuyan el cannabis y al no hacerlo incentiva la formación de empresas grandes con afán de lucro, que tendrán la tentación, por decir lo menos, de conquistar nuevos consumidores. Este enfoque también dificulta lo que la iniciativa llama “justicia social” sin volverla a mencionar en el documento: favorecer la entrada al mercado legal a los campesinos más afectados por el enfoque prohibicionista, muchos de ellos en la cárcel o con acusaciones penales o con sus tierras y entorno natural afectados por los agentes químicos usados contra los sembradíos de mariguana.

Me parece más viable la propuesta de los investigadores mencionados de un enfoque mixto: en el que el Estado tiene el monopolio en una de las etapas, la compra al mayoreo, así como la responsabilidad del empaquetamiento y presentación del producto para luego distribuirlo a los agentes autorizados.

Finalmente, la iniciativa plantea sin más que el consumo sea legal para “los mayores de edad”, es decir a partir de los 18 años. Si se plantea que el propósito superior es buscar el máximo de salud posible, como se afirma en el documento, no entiendo cómo se ignora de un plumazo la investigación científica de la última década que ha demostrado que el cerebro adolescente no está maduro fisiológicamente a los 18 años sino hasta los 23 en el caso de las mujeres y los 25 para los varones. Explorar la viabilidad de legalizar el consumo a partir de por lo menos los 21 años es un tema ineludible de la agenda. Y nos vemos en Twitter: @ceciliasotog y fb.com/ceciliasotomx