Buzz Lightyear en Chihuahua

Maru Campos es una candidata muy competitiva, que se ha mantenido siempre arriba en las encuestas. Preparó su candidatura durante seis años y ganó. Javier Corral es, en estos años recientes, el gobernante más exitoso en la lucha contra la corrupción, lucha que fue uno de los ideales fundacionales de Acción Nacional.

En 2017, en las oficinas de la Secretaría de Finanzas se encontró una caja fuerte donde se guardaban copias de recibos firmados por un centenar de personalidades de Chihuahua. Diputados locales, diputados federales, sacerdotes, empresarios, dirigentes partidarios. La mayoría de los recibos tiene fechas de pagos mensuales, como una nómina, de ahí que haya surgido el nombre de la “nómina secreta”. Los recibos suman aproximadamente mil millones de pesos tomados ilegalmente de las arcas del estado. Entre los recibos se encontraron más de 30 firmados por personas cuyo nombre coincide con los de César Jáuregui Moreno y María Eugenia Campos, coordinador y vicecoordinadora del PAN, respectivamente; Rodrigo de la Rosa, coordinador del PRI, y María Ávila, del PV, todos de la LXIV Legislatura local. Aparece también el nombre del senador con licencia Cruz Pérez Cuéllar, hoy con una solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados federal.

¿Qué tan serias son las acusaciones? ¿Existió la nómina secreta? ¿Se trata, como afirma Maru Campos, de una intriga del gobernador para dañarla? ¿Hay algo de sólido en el expediente? La FGE está considerada, por organismos independientes como México Evalúa e Impunidad Cero, como una de las tres mejores del país, con un récord envidiable de carpetas integradas y sentencias conseguidas. Es la que tiene más experiencia en juicios orales y está a punto de conseguir la extradición del exgobernador César Duarte. Pero en este proceso, el de la nómina secreta, hay evidencia muy importante. El exdiputado de Movimiento Ciudadano en la LIV Legislatura, Fernando Reyes, está confeso y sentenciado. Christopher J. Barousse, exlíder del PRI juvenil, está vinculado a proceso y en prisión preventiva. Pedro Mauli, extesorero del PRI, está sentenciado. Seis de las personas cuyos nombres aparecen en la nómina secreta ya han devuelto el dinero recibido de Duarte y aceptado su responsabilidad. Es un hecho incontrovertible: la nómina secreta existió.

En este caso, como en muchos otros, lo importante son los hechos, no el discurso. Aunque la alcaldesa con licencia declara que desea conocer los cargos que se le imputan y que quien nada debe nada teme, sus abogados hacen todo por retrasar el inicio formal del juicio, interponiendo amparos y recurriendo a otros subterfugios. Y aquí es donde algo no cuadra: si en verdad el equipo defensor está convencido de que no puede haber ninguna evidencia sólida contra la candidata, ¿por qué no apresurar el juicio para liberarla de esa carga? Por el contrario, el equipo de defensa, del experimentado despacho del exprocurador Antonio Lozano Gracia, intenta retrasar la audiencia vinculatoria, incluso recurriendo a ilegalidades como la de buscar un juez en otra adscripción para que otorgue una suspensión provisional que ya fue negada en la sede del proceso.

Algunos argumentan que no es exactamente corrupción, que eran recursos para los grupos parlamentarios. Pero los recursos de éstos se aprueban en el presupuesto anual del Poder Legislativo, se especifican de manera transparente y se entregan por la Secretaría de Finanzas a la Tesorería de la Cámara. Recibir dinero del Ejecutivo siendo parlamentario compromete la independencia y viola la separación de poderes. Hacerlo durante el gobierno de César Duarte, quien en su sexenio cuatriplicó la deuda de Chihuahua y se hizo de ranchos, ganado, propiedades y cuentas en bancos, es indubitablemente corrupción. ¿Qué tanto es tantita corrupción, argumentan Acción Nacional y el empresariado chihuahuense, si se le puede ganar la gubernatura a Morena?

Si Maru fue ajena a ese esquema, que instruya a su equipo de defensa a apresurar el juicio y acabar con las tácticas dilatorias tipo Buzz Lightyear, que buscan prolongar el juicio “al infinito y más allá”. O exagero: no al infinito. Apenas hasta que política y jurídicamente sea imposible continuarlo.