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Aborto: el efecto lunar de las reformas de 2011

Cecilia Soto

Cecilia Soto

¿Cómo se gestan  cambios paradigmáticos en los valores con los que se identifican y en los que se reconocen amplios grupos sociales? Eso me preguntaba al seguir la sesión de los días 6 y 7 de septiembre del pleno de la SCJN, respecto al amparo que cuestionaba la constitucionalidad de varios artículos del Código Penal de Coahuila. En conjunto los artículos del 195 a 199 del mencionado Código, condenaban en forma absoluta la práctica del aborto en cualquier momento del embarazo y bajo cualquier circunstancia e imponían pena de prisión. Una barbaridad que evoca la crueldad del régimen de Ceaucescu en la Rumania socialista. La mujer como máquina de reproducción. Como es sabido, por unanimidad de los ministros presentes, la Corte declaró la invalidez de esos artículos y por tanto declaró inconstitucional la criminalización del aborto.  Creo que no se ha reconocido en forma suficiente que el amparo 148/2017 fue promovido por la entonces Procuraduría General de la República, encabezada brevemente por el doctor Raúl Cervantes. Las personas pueden hacer la diferencia.

De ciudadanas de segunda que hasta 1953 no teníamos derecho a votar ni a ser votadas, excluidas de muchos otros derechos trascendentes o cotidianos, las mujeres fuimos reconocidas paulatinamente como titulares de todos los derechos inscritos en la Constitución, los tratados, convenciones, acuerdos y cortes internacionales a las que se ha adherido México y en 2014 inscribimos en la Constitución el derecho a la paridad. Es sabido que una cosa es lo escrito en la Constitución y las  leyes y muy otra lo que sucede en la realidad. Pero hay un efecto lunar, semejante al de las mareas, que va jalando, a veces demasiado lentamente, al ejercicio de los derechos hacia lo plasmado idealmente en la Constitución. No es un efecto ineluctable, pero que se deja sentir cuando coinciden, por un lado, la ciudadanía que empieza a probar la eficacia de los nuevos derechos y que utiliza ante tribunales las nuevas herramientas ganadas con las reformas; por el otro, las nuevas generaciones de abogados, juristas y legisladores que hicieron posible las reformas de 2011 o que se formaron después de éstas. La experta mexicana ante la CEDAW, Leticia Bonifaz, resalta en un estupendo artículo titulado La Corte, el gran salto, la evolución generacional de los equipos asesores de los ministros de la Corte, como una de las razones de las intervenciones sorprendentemente de avanzada de incluso de los ministros de mayor edad.

Con todo, parecería que el efecto lunar, de atracción, de las reformas paradigmáticas de 2011 que establecieron en la Constitución la primacía de los derechos humanos, venía debilitándose gracias al gusto por lo punitivo y el militarismo que ha mostrado el actual gobierno. Aumentar castigos y multiplicar los casos que merecen prisión preventiva, igualar a posibles delincuentes fiscales con integrantes del crimen organizado, condenar desde Palacio Nacional la disidencia, zaherir el derecho a la libertad de expresión al presentar a quienes plasman sus diferencias  como herederos de los peores referentes en nuestra historia. Invitar y promover el linchamiento mediático de quienes no coinciden con el Presidente, todo bajo la mirada cómplice y silenciosa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

No fue así en el caso de las mujeres. Desde la IV Conferencia sobre las Mujeres en Beijing y su Plataforma de Acción, de septiembre de 1995, pasando por las reformas pro cuotas que coinciden con las reformas constitucionales de 2011, las reformas a favor de la paridad en 2014 y aquellas contra la violencia política, los movimientos del #MeToo, las mujeres en distintas generaciones vienen expresando en formas por demás visibles y estruendosas que no son pasivas y que están a favor del derecho a decidir sobre sus cuerpos, incluyendo claro está, el derecho a la interrupción legal del embarazo.

Los argumentos de la Corte fueron contundentes. México es un estado laico y por tanto la Corte no puede tener criterios subjetivos o religiosos, sino de derechos reconocidos en la Constitución. Se trata de poner en práctica un derecho constitucional presente desde 1974: el derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos. También el derecho reconocido desde la Carta Universal de Derechos Humanos de 1948, al libre desarrollo de la personalidad y por tanto a escoger libremente un proyecto de vida en el que la maternidad pueda ser deseada y no impuesta por violencia o por la imposición de circunstancias. Desde 2007 que en la Ciudad de México se permite el aborto legal y seguro, cerca de 250 mil mujeres han optada por éste y más del 80% se declaran católicas. Como se ha dicho tantas veces, el aborto es un problema de salud pública. Condenarlo a la ilegalidad repercute en muertes y secuelas traumáticas para las mujeres, especialmente para las más pobres y vulnerables. Gracias a todos y todas quienes hicieron posible el voto unánime a favor de las mujeres.

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