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Malas cuentas

Carlos Ornelas

Carlos Ornelas

Algo anda mal, de veras mal, en este país. El presidente López Obrador pinta un mundo de maravilla —“feliz, feliz, feliz”— cada mañana y, sí, le va bien en términos de aprobación a su persona, pero no gobierna, pontifica. Parece que todo su obrar es para satisfacer su ego y favorecer a sus fieles y a sus clientelas.

Cuando el Presidente dice algo sobre el sistema escolar no habla de educación. Elogia a los maestros —y a él mismo— y dice que nunca los reprimirá, ni siquiera desaprueba actos vandálicos de los militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ni de normales rurales. Nada más les pide que se porten bien.

El Presidente glorifica su calidad moral y lanza oraciones cargadas de simbolismo religioso, pero no se aplica a cumplir la ley. Prefiere hablar de justicia. Si alguien reclama por alguna falla de su administración, es porque se trata de una conspiración que quiere desbancar a su Cuarta Transformación.

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, cercano a la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), denunció, de nuevo, el maltrato infantil en el sistema escolar. Con base en evidencia, documenta que “México ocupa los primeros lugares a nivel mundial en temas de violencia y explotación infantil, somos el segundo país destino de turismo sexual infantil a nivel global (2018) y el primer lugar mundial en consumo de pornografía infantil”.

 

 

 

La ODI protesta desde hace más 10 años por la explotación sexual de infantes al interior de ciertas escuelas. Señala que ni las procuradurías de justicia ni la SEP hacen gran cosa para castigar o prevenir que adultos abusen de los alumnos. Apuntan el caso de un jardín de niños público en Iztapalapa, donde personal de la escuela
practicó abuso sexual contra 30 pequeños. No pasa nada,
ni ley ni justicia.

Peor aún, Nurit Martínez, en Animal Político (02/06/2021), patentiza que, en las últimas dos décadas, la SEP y autoridades educativas de los estados acumularon al menos 5,110 denuncias de abuso sexual en planteles de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas. Pocos se han castigado.

 

Para acabarla de amolar, el gobierno desfondó al Programa Nacional de Convivencia Escolar. La SEP lo estableció en 2016, para instituir protocolos de atención a la violencia en las escuelas para responder a recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Si bien publicar los protocolos no entraña que el abuso y la explotación de infantes haya desparecido (con la pandemia aumentó el ciberacoso), al menos había alguna posibilidad de denuncia y de que docentes cumplidos y honestos frenaran esas acciones. Hoy esa eventualidad es mínima.

Nada más falta que el presidente López Obrador decida no actuar porque las organizaciones firmantes de la denuncia son neoliberales y conservadoras.

Empero, contra lo que él espera con sus prédicas mañaneras, entregará malas cuentas de su política educativa. ¡La historia se lo cobrará!

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