Del Acuerdo al nuevo Acuerdo

El Congreso federal se apresta a aprobar una nueva Ley General de Educación, la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados ya publicó el proyecto de decreto que le dará vida legal a la Nueva escuela mexicana. Que la postula —con cierto abuso del concepto— como un “cambio de paradigma en el modelo educativo”.

A reserva de analizar la nueva LGE cuando entre en vigor, hoy agrego antecedentes. Si se toma como punto de partida el Acuerdo para la modernización de la educación básica, de 1992 y, como punto de llegada (o un comenzar de nuevo), al nuevo Acuerdo Educativo Nacional, se notan ciertos paralelismos con los pactos entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, de Vicente Fox y de Felipe Calderón. La reforma del gobierno de Enrique Peña Nieto es la única que rompe con esa semejanza.

El Acuerdo de 1992 fue una avenencia entre el gobierno y la cúpula del SNTE. Los gobernadores, a pesar de que se les transferían responsabilidades, fueron un poco más que invitados de piedra. Hubo descentralización administrativa, concentración del poder (más en el SNTE que en la SEP) y se instituyó la Carrera magisterial. Esta fue una ganancia real para los maestros, pero la dirigencia del sindicato se apoderó del mando.

El Compromiso social por la calidad de la educación (signado en agosto de 2002) fue un convenio entre el presidente Fox y Elba Esther Gordillo, que no tuvo mayores consecuencias en la legislación. No obstante, en ese texto se sembró la idea de que el ingreso a la carrera docente debería ser por concurso. Pero nada pasó, excepto servir para agrandar el poder de la señora Gordillo.

El gobierno de Calderón firmó con la señora Gordillo —y publicitó con propaganda ampulosa— la Alianza por la calidad de la educación, que retomaba la idea de los concursos para ingreso y promoción en la carrera magisterial. El liderazgo del SNTE fue de nuevo el que más ganó. Los gobiernos estatales fueron “invitados” a adherirse a esos convenios.

La Reforma Educativa que emergió del Pacto por México y que emprendió el gobierno de Peña Nieto se distinguió de las anteriores porque no contrató con la cúpula del sindicato. No obstante, al igual que la reforma del gobierno de Salinas, la del gobierno de Peña Nieto enmendó la Constitución e instituyó nuevas leyes: la General del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. También reformó la Ley General de Educación.

La reforma de la reforma que adelanta la Cuarta Transformación tiene analogía con las de Salinas y Peña Nieto. De nuevo modifica el artículo 3º, y plasmará nuevas leyes en el sector educativo. No hará modificaciones a la Ley General de Educación, promueve una nueva que adiciona artículos, no que modifique de raíz lo establecido, con todo y la oratoria refundacional.

Tanto cambio en la educación ha desquiciado al sistema, fatigado a los maestros y al final no se ha manifestado en avances en la calidad —o en la excelencia, como quiere el gobierno de Andrés Manuel López Obrador— ni ha modificado la esencia centralista del hacer burocrático, al contrario, la vigoriza con cada nueva enmienda.

Más que un “cambio de paradigma”, la consigna de la nueva escuela mexicana agrega funciones, pone matices y abulta el entramado legal. Cierto, hay puntos que ingresan a la Constitución y a las nuevas leyes, pero no son extraños al ajetreo de las reformas. Por ejemplo, no veo muchas diferencias entre el Acuerdo Educativo Nacional y el capítulo de “gobernanza” del Modelo educativo para la educación obligatoria, del “último” gobierno neoliberal.

El parentesco de la nueva reforma con las de Fox y Calderón, además de la de Salinas, es que se lograron mediante firmas con líderes del SNTE. La novedad del Acuerdo Educativo Nacional del presidente López Obrador es que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es interlocutora privilegiada, casi colegisladora.