Autonomía universitaria, auditoría y burocratismo

Si bien las universidades públicas mexicanas ostentan autonomía formal, incluso consagrada en la fracción VII del artículo tercero constitucional, en sentido estricto no lo son. Dependen del financiamiento del gobierno federal.

Recuérdese que el salario del profesorado era magro, pero, por presión de los sindicatos, los académicos recibían pago similar sin diferencia de grados ni de su desempeño. La única disparidad era la antigüedad. En el gobierno de Miguel de la Madrid se instauró el Sistema Nacional de Investigadores como factor de distinción, pero para una élite. Además, depende del gobierno central.

Con el sexenio de la modernización mudaron las reglas de financiamiento para las universidades. Hubo aumentos para mejorar los ingresos de los académicos, pero no para todos. El gobierno entregó bolsas para que cada universidad encontrara caminos para recompensar a su profesorado con base en que había que diferenciar a quienes tenían grados superiores, de quienes no, a quienes hacían investigación y producían conocimiento de quienes no. Un sistema de incentivos que, si bien cada universidad diseñó, obedecía a una matriz burocrática única.

“La burocratización es el procedimiento específico de transformar un actuar en comunidad en un actuar en sociedad racionalmente ordenado”, dijo Weber. No obstante, instituir ese orden no fue fácil. En muchas universidades los rectores actuaron con arbitrariedad, forjaron reglas para premiar a favoritos y discriminar a disidentes. También tutelaban los prepuestos con enorme opacidad.

Gracias a la Auditoría Superior de la Federación disminuyó el despotismo en la asignación de recursos dentro de las universidades. Comenzó la transparencia y se develaron mecanismos de corrupción; La Estafa Maestra, la más conocida.

Pero el burocratismo se apoderó de la ASF, a grado tal que, con auditorías de desempeño, quiere regular —normalizar— con criterios contables lo que no puede cuantificarse ni juzgarse con la misma vara que el ejercicio de dependencias del gobierno.

En la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio Académico —tras largos debates— instituyó un reglamento de estímulos. No es perfecto, pero adquirió legitimidad porque las autoridades no son quienes asignan los alicientes al trabajo académico, sino comisiones de pares. Los productos de trabajo son los instrumentos ideados para instituir los estímulos al profesorado, al margen del salario y de la pensión, pero no del pago de impuestos.

La bronca es que con los criterios que la ASF intenta meter a la vida académica no habrá más transparencia, sino procedimientos absurdos (como pedir que cada profesor diga cuántas veces y en dónde publicó su proyecto de investigación, no los productos).

Lo pongo en tono de protesta, no de queja. A una legislación copiosa, la ASF le agrega más condiciones burocráticas.

Fuente: Max Weber (2014). Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica. Edición Kindle (p. 1177).