Movilización campesina

Entre los principales planteamientos que han hecho los grupos de productores organizados a nivel nacional está la solicitud de que el presupuesto asignado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) se asigne cuanto antes. El ciclo agrícola está muy avanzado y los programas para la inversión productiva en el país, a decir de los firmantes, “están paralizados”. Cabe recordar que el presupuesto en materia de campo ha tenido una importante reducción en la administración de AMLO, al pasar de 115 mil mdp en el año 2015, a 63 mil mdp en el 2019.

En dicha carta, también solicitan evitar el desmantelamiento de la estructura orgánica de la Sader (Oficinas Centrales, Coordinaciones Estatales, los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), toda vez que de los ocho mil empleados con los que arrancó la actual administración, desde diciembre de 2018, han sido despedidos alrededor de tres mil 600.

Una de las propuestas concretas es la creación de una Comisión Permanente de Atención al Campo Integrada por los Sistemas Productivos Nacionales y/o cadenas productivas del país, el gobierno federal, el Congreso de la Unión y Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, que se encargue de vigilar la correcta distribución de los recursos en concurrencia al campo; así como provocar la opinión de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, en el destino de los Subejercicios generados por los ahorros de la operación del Presupuesto del primer semestre del PEF 2019.

Los firmantes han insistido en ser productores sin ningún tinte político o bandera partidista. Preocupa que en su documento señalan que “se corre el riesgo de perder un año productivo” y enfatizan que “si el campo no produce, el país no come”.

Con base en estos señalamientos públicos, la semana pasada fueron tomadas diversas casetas de cobro de autopistas ubicadas en, cuando menos, 19 estados del país, entre los cuales destacan Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Veracruz. Estos cierres viales fueron realizados, principalmente, por amplios grupos de productores de cebada y maíz.

En respuesta a ello, el gobierno federal advirtió que no cederá a presiones, pues aseguró que las manifestaciones son de organizaciones que pretenden administrar los programas agrícolas. El Presidente ha acusado a las organizaciones de no entregar todos los beneficios a los campesinos.

Más allá de la confrontación política, lo cierto es que hay un preocupante retraso en la ejecución de los apoyos al agro mexicano, donde los recursos vienen con marcados retrasos que alteran por completo el ciclo de siembras y cosechas. Un ejemplo claro es lo que ha ocurrido en el estado de Guerrero, donde, aun cuando el ciclo agrícola empieza durante el mes de mayo, apenas se están entregando paquetes de fertilizante a los campesinos. Se han registrado movilizaciones sociales, bloqueos carreteros, tomas de oficinas gubernamentales y autorreparto de fertilizante desde bodegas o tráileres que lo transportaban. La zona indígena de la Montaña, la región de mayor pobreza en la entidad, es la más afectada, con sólo un avance del 51% de entrega del insumo.

Por lo pronto, para el 8 de agosto el país enfrentará otra movilización campesina, convocada por organizaciones agrarias de toda la República, según lo han anunciado liderazgos del Consejo Agrario Permanente (CAP).