La seguridad pública en el Presupuesto 2019

Tras la realización de siete encuentros en distintas entidades, la semana pasada se avisó de la cancelación de las mesas de Tamaulipas, Morelos, Tabasco, Sinaloa y Veracruz. El anuncio de no continuarlas se basa en que el gobierno entrante ha decidido darle prioridad al Plan de Seguridad que será presentado el próximo 24 de octubre, junto con dos iniciativas de ley; una para la “justicia, reparación y no repetición a las víctimas”, y otra para la “amnistía”.

También, la semana pasada, el presidente electo comentó que la propuesta de legalizar la siembra de amapola en la sierra de Guerrero, hecha por el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, como una salida al problema de la inseguridad y violencia en esa región, “se recoge y vamos a analizarla”.

Habrá que estar atentos para escuchar los planteamientos legislativos que el nuevo gobierno presente. Nuevas leyes para atender a víctimas o el propio diseño de la Secretaría de Seguridad Pública serán fundamentales para construir un nuevo momento que nos permita recuperar la tranquilidad perdida. De la misma forma, armar una estrategia seria y clara frente a la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de que la amapola pueda ser legalizada con fines medicinales; serán medidas que nos permitan construir un nuevo andamiaje.

Sin embargo, los meses por venir también abren importantes oportunidades en torno a la definición de las prioridades de gasto. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019 podría contener nuevos dispositivos y programas, especialmente en materia de financiamiento que permitan una mejor coordinación entre los órdenes de gobierno en materia policiaca.

En varios de los foros que se realizaron en el país se señaló que México requiere una Nueva Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Si bien la creación de la nueva secretaría apunta en este sentido, debemos revisar a profundidad cómo logramos modelar dicha estrategia en torno a cinco ejes indispensables: 1) policial, 2) coordinación operativa, 3) inteligencia, 4) sistema penitenciario, 5) prevención social de la violencia y la delincuencia.

La mejora en los aspectos policial y de coordinación operativa implica invertir recursos para enaltecer la forma en que viven, aprenden y se desempeñan nuestros policías, especialmente los que trabajan a nivel estatal o municipal. Por esta razón, el PEF2019 debería explorar mecanismos de cofinanciamiento, donde la Federación apoye a los estados para incrementar las capacidades de sus cuerpos policiacos con el fin de:

1) Mejorar las condiciones salariales de nuestros policías. Actualmente, el salario promedio de las fuerzas estatales es de aproximadamente 10 mil 500 pesos al mes; es evidente que estos montos deben mejorarse.

2) Incrementar el número de efectivos para tener una fuerza suficiente que permita atender a la población. La ONU ha recomendado 2.86 por cada mil habitantes; es necesario revisar con profundidad este planteamiento para la realidad nacional.

3) Capacitar a los actuales policías, así como a los de nuevo ingreso. Además de la inversión en el capital humano, debe hacerse en infraestructura que garantice la profesionalización a través de Institutos de Formación Policiaca.

4) Dotar a nuestros policías de seguros médicos, seguros de vida y de fondos de ahorro para el retiro.

El gobierno entrante tiene un interesante momento para poner a prueba un nuevo modelo de financiamiento federal, en el que, de la mano con autoridades estatales, se garantice cumplir con los mejores estándares de calidad en materia policiaca para los próximos años. En tanto se van definiendo las mejores prácticas, el PEF2019 debería contar con algunos instrumentos, cuando menos, para pilotear nuevas políticas públicas en entidades clave.

Político independiente