Adiós al Reglamento de Tránsito

Según la ley, si el contrato para la “subrogación” del cobro de fotomultas a automovilistas se modifica —como lo propuso el gobierno—, en automático se cancelaría porque afecta las bases de la licitación.

Luego de las masivas protestas por la aplicación de las llamadas fotomultas de la empresa Autotraffic, el gobierno capitalino aceptó que la elaboración de dicha concesión estaba mal redactada y que el contrato sería corregido.

De entrada, las autoridades aceptaron que los equipos que miden la velocidad y toman fotografías a los infractores no están autorizados por la Secretaría de Economía y que, efectivamente, a la empresa se le exigía un mínimo de 150 mil multas al mes.

Si esto fue modificado, la empresa en cuestión tendría que recalcular sus costos, pues si no va a tener ese mínimo de multas —de las cuales gana un jugoso porcentaje— y debe pagar para obtener la NOM mexicana, sus gastos se elevan y sus ganancias disminuyen.

Eso significa que, en automático, las bases de la licitación quedan invalidadas y se tiene que volver a licitar.

Eso lo debería saber bien Hiram Almeida, secretario de Seguridad Pública, por el simple hecho de haber sido Contralor General del DF y, se supone, especialista en el tema.

Además de los costos por modificar el convenio, en el artículo 60 del Reglamento de Tránsito se estipula que los aparatos de las fotomultas deben someterse a la Metrología y Normalización federal, que no es otra cosa que la verificación oficial.

En su afán por imponer esas multas, el gobierno capitalino se ha enredado al grado de evidenciar que ni los aparatos instalados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni por el de Marcelo Ebrard fueron verificados.

O sea, ningún gobierno de izquierda ha cumplido con la ley y todos han abusado de los ciudadanos, cosa que avalan tanto el PRD como el PRI, pues no hay que olvidar que la presidenta tricolor del DF, Mariana Moguel, pidió que se aplicara a rajatabla a todos.

Lejos de ayudar, sus declaraciones sólo comprometen a la autoridad a cancelar todos los sistemas de fotomultas, pues nada garantiza que las mediciones sean correctas.

Si el velocímetro de un auto marca 60 kilómetros por hora y el sistema de fotomultas 80, ¿a quién creer?

Los autos son verificados bajo las normas más estrictas y los aparatos de fotomultas pudieron ser comprados en Tepito o fabricados en Plaza Meave.

El gobierno capitalino tendría que recular por voluntad propia antes de ser obligado a meter reversa, pues el tema es bandera de la oposición y mientras más tiempo lo mantengan vivo, más tiempo le dan a sus adversarios para seguir atacando.

El Reglamento de Tránsito no es sostenible e incluso hay que revisar el debate donde Estela Damián, líder local del Movimiento Ciudadano, exhibe al perredista Raúl Flores cuando le pregunta sobre los supuestos especialistas consultados para su elaboración.

Raúl no pudo mencionar a uno solo, por la simple razón de que no hubo.

CENTAVITOS… Si en verdad la intención del GDF no es económica, sino la de reducir el número de muertes por atropellamiento, que multe a los infractores pero que premie a los buenos conductores. Por ejemplo, que exente del pago de Tenencia a quienes no tengan una sola multa en el año. Seguro todo mundo respetaría el Reglamento. La ciudadanía lo vería justo y el GDF reduciría el número de muertos, ¿no?