Lo que diga será usado en su contra

“Tiene derecho a guardar silencio, todo lo que usted diga podrá ser usado en su contra”. Así sucede en las películas que antes se llamaban de policías y ladrones. La mayoritariamente rechazada, impopular decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso Cassez generó una respuesta de las autoridades que procuran la justicia federal. Al día siguiente de la resolución la Secretaría de Gobernación emitió una cartilla de derechos humanos cuyo contenido se dio a conocer a las autoridades federales: Policía Federal, Ejército y Armada en caso de detención de probables infractores.

La cartilla fue una medida acertada, pero incompleta. Es una mera orden administrativa. Si alguien incumpliera con su lectura al momento de las detenciones se haría acreedor, si acaso, a una mera corrección administrativa. No hay sanción penal. Además, no abarca a las policías estatales y municipales, proverbialmente contumaces en la violación de derechos fundamentales.

Conforme a la cartilla, como en las películas de Hollywood, se debe decir al detenido: usted se encuentra detenido por los siguientes motivos. Usted es considerado inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Usted tiene derecho a declarar o a guardar silencio, y en caso de declarar, a no inculparse. Usted tiene derecho a un defensor de su elección y, si no tiene, el Estado se lo proporcionará de manera gratuita. Usted tiene derecho a un intérprete y a que su detención se ponga en conocimiento de un familiar o persona y a que se le ponga, sin demora, a disposición de la autoridad competente. Si se trata de un extranjero, se le indica que tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención.

Todo esto parece un sueño justiciero. Sólo que imaginemos después de una refriega violenta entre grupos del crimen organizado y las fuerzas federales, en que hay muertos y heridos, ¿habrá la templanza, sobriedad y serenidad para hablarle de usted, con toda corrección, a los detenidos, presuntos secuestradores o narcotraficantes armados, seguramente drogados que disparan rápidos y furiosos? Después de la lectura del texto de la cartilla de derechos humanos no veo a policías o soldados invitar a los detenidos con toda corrección: “Joven, ¿sería usted tan amable de subirse a la patrulla?”.

La cartilla sola no basta. Será necesario que el Congreso legisle específicamente sobre los derechos de los detenidos. Se tiene derecho a un abogado, pero, ¿desde que ocurre la detención? ¿Durante todas las fases del proceso? ¿Quién pagará los servicios del abogado defensor? La cartilla está notoriamente influenciada por una práctica constitucional de Estados Unidos, conocida como la fórmula Miranda.

El señor Ernesto Miranda, a quien se debe la fórmula, era una especie de Florence Cassez, sólo que no hablaba francés ni era amigo de presidentes franceses como la moderna Juana de Arco (más flaca y sin caballo). Miranda, secuestrador y violador, fue acusado ante una corte estatal en Arizona. Sujeto a un interrogatorio en un cuarto de la policía durante dos horas, confesó haber cometido el delito que se le imputaba, lo que se integró al expediente como prueba. No se le advirtió de su derecho a no contestar el interrogatorio que lo pudiera incriminar. La Quinta Enmienda de la Constitución estadunidense establece en su parte conducente que… “(nadie) podrá ser obligado en ningún asunto penal a declarar en su contra...”. La Suprema Corte canceló la detención de Miranda lo que generó una revolución.

La diferencia notable de la fórmula Miranda con la cartilla de la Secretaría de Gobernación es que en Estados Unidos fue la Suprema Corte de ese país la que en ese momento (1966) amplió el catálogo de derechos contenidos en la Carta de los Derechos, cuyas prevenciones serían aplicables a los estados y a las policías estatales. La Corte estadunidense logró cancelar las prácticas policiacas inadecuadas en los interrogatorios que iban en contra de la más elemental regla de justicia.

En México, tuvo que salir al paso el Poder Ejecutivo porque la Suprema Corte no quiso, o no pudo, no supo o no se atrevió a emitir la recomendación a las policías del país, ni siquiera pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia de la acusada. A Miranda se le dejó libre, pero la Suprema Corte de Estados Unidos siempre mencionó que se trataba de un secuestrador y violador y no le proporcionaron boletos de avión.

Todavía a la fecha el pueblo en México se pregunta por qué la Corte, si es Suprema y de Justicia, no dijo nada sobre las responsabilidades de quienes violaron los derechos de Cassez. Uno de los ministros dijo con relación a este caso que hay asuntos que no son tan fáciles de explicar a la sociedad. Esto es algo tanto o más grave que la resolución cuestionada. Muestra algo descompuesto en el sistema mexicano. Como me escribió un hombre sabio, humanista conocedor de la justicia, sobre este lamentable asunto: “Cuando la opinión del pueblo es negada por quienes ejercen el poder, el hecho es temible: indica rompimiento entre sociedad e institución. En este caso concreto, indica el triunfo de la letra por sobre el espíritu de la justicia”.

La Suprema Corte tendrá otros casos que resolver y tal vez pueda enmendar lo que ha causado un lamentable desarreglo: entre lo que la sociedad espera de la justicia, y lo que los impartidores de justicia son capaces de ofrecerle al pueblo, que finalmente es el que manda. Eso es al menos uno de los cimientos de la democracia a la que aspiramos los mexicanos.