Los inesperados indultos
El asunto Cassez provocó preocupaciones válidas. Dejó en el vacío jurídico las exigencias de justicia de las víctimas que señalaron la culpabilidad de la señora. Cundió la convicción de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia ni siquiera siguieron una ...
El asunto Cassez provocó preocupaciones válidas. Dejó en el vacío jurídico las exigencias de justicia de las víctimas que señalaron la culpabilidad de la señora. Cundió la convicción de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia ni siquiera siguieron una secuencia lógica para la repentina decisión que resultó de un insólito viraje de criterio.
Al desechar la parte de la probanza que se estimó montada y artificial, se eliminaron los testimonios esenciales y demás elementos indispensables para entender todo el expediente. El que la Corte no estuviera llamada a pronunciarse sobre la culpabilidad de Cassez no la autorizaba a exterminar de un solo golpe el proceso entero.
La hasta hace unas semanas presa acabó indultada, entendiéndose este término cuando, por cualquiera razón al sujeto se le releva de un castigo, se le exime de la ley o de una obligación. El indulto fue completo, sin justificación ni por razones de piedad de la autoridad ni por ostensibles virtudes del sujeto.
Es penoso el entredicho en que quedó la Corte, ápice de nuestra pirámide judicial, exponiendo al país al burlón montaje televisivo de las autoridades francesas, éste, como irónica respuesta al de García Luna. Sin el respeto prometido a Peña Nieto para cualquiera decisión, el presidente Hollande continuó el escarnio de su predecesor, Sarkozy, contra México.
Afortunadamente el tratamiento dado al asunto Cassez no establece jurisprudencia. Tampoco quedó del todo cerrado.
Pasando a un caso muy distinto, la Suprema Corte pronto tendrá que definir cuán riguroso es el deber de los servidores públicos de declarar su patrimonio al asumir un nuevo puesto.
Hace unos días se difundió que el Presidente de la República había cumplido con su obligación de entregar “en tiempo y forma” su Declaración Patrimonial. La noticia no tendría mayor transcendencia, a no ser que el acucioso ciudadano no encontró en los datos aportados por el declarante elementos sustantivos que completaran la lista de inmuebles, muebles, obras de arte, joyas, vehículos, cuentas bancarias o inversiones la mínima indicación de montos y valores de las propiedades del ex gobernador del Estado de México. Tal información, que realmente da sentido a todo el mecanismo monitor de la transparencia administrativa de un gobierno, simplemente no figura en el documento de Peña Nieto. De no expresar este elemento toral, ¿de qué manera puede hacerse la compulsa entre los valores del acervo antes y después de fungir en un cargo público?
La declaración insuficiente y surrealista que presentó el Presidente, que contiene varias alusiones a “donaciones” como orígenes de los bienes que tiene, contrasta diametralmente con la de su predecesor, Felipe Calderón Hinojosa, que presentó su declaración patrimonial el 16 de enero de 2006, ante el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, registrando un valor total de ocho millones 803 mil 885 pesos, listando los bienes inmuebles y muebles que lo componían.
Es cierto que la ley permite al declarante la posibilidad de no permitir que se hagan públicos los valores de sus propiedades. Felipe Calderón, sin embargo, renunció expresamente a esta opción. Enrique Peña Nieto escogió dejar ocultos estos datos.
Pronto se avocará la Suprema Corte al asunto de la transparencia en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos. En el fondo, el asunto radica en el derecho, ya constitucional, que tiene el ciudadano de conocer en detalle los bienes de los funcionarios públicos con el evidente y claro objeto de permitir constatar y evaluar los cambios en los mismos al expirar su mandato.
El caso es importante. Si se le exime al servidor público de cumplir con su obligación democrática de informar con exactitud a la ciudadanía su estado patrimonial, además de anular todo el sentido de la ley federal que rige la materia, estaremos presenciando el segundo cuestionable indulto de esta repentina temporada judicial.
*Consultor