Un paso para adelante y tres atrás

El gobierno de Peña Nieto empezó muy bien. El cambio en el estilo de gobernar es notable. Algunos calificaron el arranque como si estuviéramos en la escuela con MB. El clima es otro. Alguien me dijo que lo que se respira se llama esperanza; los pesimistas estiman que es simplemente un cambio en la percepción de las cosas. La decisión de destrabar la Ley de Víctimas, aprobada unánimemente en la Cámara de Diputados, luego bloqueada por Calderón, es otra muestra de intención de cambio. La titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, expresó por ello su beneplácito la semana pasada.

Todo lo demás que escurría en estas semanas del nuevo gobierno era miel hasta que el diputado líder del PRI, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, presentó ante el Congreso, sin una explicación técnicamente convincente, una iniciativa de reforma constitucional al artículo 1º, que significa un retroceso inaceptable.

Durante dos años el Congreso trabajó un proyecto de reforma constitucional en materia de derechos humanos, considerado por los constitucionalistas más reconocidos del país, como el cambio constitucional más importante en materia de derechos humanos en el último siglo. Si algo se debiera reconocer a Calderón, en su exigua lista de aciertos, es precisamente esta reforma cuyo eje central es el otorgamiento constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.

El camino fue arduo: la creación y fortalecimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el sometimiento de México a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, así como algunos de los comités de la ONU encargados de supervisar el cumplimiento de tratados internacionales, algunos criterios judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptando la nueva jerarquía de los tratados internacionales frente a la Constitución y las leyes del país. Todo acompañado de la insistencia casi heroica de personas, grupos de personas, organizaciones de la sociedad civil que impulsan y defienden la nueva cultura de derechos humanos.

La reforma constitucional que se pretende desvirtuar incorporó al catálogo de los derechos consagrados por la Constitución los que contienen y (más importante) que contengan en el futuro los tratados internacionales firmados y ratificados por México. No se trata solamente de los tratados internacionales sino de los derechos humanos previstos en esos tratados, lo cual amplía el espectro de derechos. Si algún organismo interpreta unos derechos contenidos en una convención o tratado, esa interpretación se incorpora al texto constitucional.

La iniciativa que pretende anular la reforma y que discutirá el Congreso, contiene una disposición que vista fuera del contexto —ciertamente abstracto y complicado— parece no tener problema: “De existir una contradicción entre esta Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133”. Acostumbrados como estamos a considerar que la Constitución es la Escritura Sagrada de los laicos, la frase parecería no tener problema (“Todo con la Constitución, nada por encima de la Constitución”). El punto es que, de aprobarse la reforma, anularía el paso que dio el país al establecer en la Constitución nuevas reglas y criterios de interpretación. Reglas que deben atender todas la autoridades en sus relaciones con los gobernados. Lo que se cancelaría es la posibilidad de que en materia de derechos humanos exista, como sucede en algunos países más desarrollados, la vía para que se incorporen a la Constitución nuevos derechos de manera progresiva.

Por ejemplo: conforme al texto vigente las autoridades judiciales, todas no tan sólo las del Poder Judicial de la Federación, deben interpretar armónicamente los derechos humanos contenidos en la Constitución, como en los Tratados Internacionales para aplicar la norma que contenga una protección mayor cuando se trate de reconocer y menos restrictiva, cuando se trate de limitarlos (principio pro personae). Se puede ir por encima de la Constitución, si se trata de proteger derechos humanos, al hacerlo estos nuevos derechos se integrarían a la Constitución.

México ha sido siempre crítico de la tendencia estadunidense de no aplicar las normas internacionales, aun cuando ese país haya participado en convenciones o tratados internacionales, si es que chocan o pueden entrar en colisión con el derecho nacional (por eso torturan en Guantánamo). Ese ha sido el criterio de los jueces de la Suprema Corte, salvo algún liberal (Stephen Breyer) que llama la atención: Estados Unidos está en el mundo y no es el mundo mismo.

No parece sensato que después de aprobar la Ley de Víctimas, con el riesgo que conllevó, dando un paso adelante y esperanzador, los legisladores pretendan no sólo dar tres pasos atrás, sino de plano regresar a la era cavernaria de nuestro desarrollo democrático y constitucional. Un error todavía a tiempo de enmendar, si se retira la regresiva propuesta del diputado Arroyo.