Violencia y discriminación

Para avanzar en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres (y su real ejercicio) ha sido necesario examinar la profunda estructura de “valores parciales”, “principios” construidos durante miles de años, basada en prejuicios y estereotipos que definía a personas o grupos como desiguales, inferiores o peligrosos, para el conjunto que se asignaba la titularidad de la moral pública y definía las reglas del “poder”.

El artículo 34 de la Constitución, de 1917, no limitaba los derechos políticos de la mujer pero así lo interpretaron durante décadas.

“Art. 34.- Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además… ”

Esta redacción no nos negaba la ciudadanía, pero tuvimos que hacerlo explícito para reivindicar nuestro derecho fundamental político como ciudadanas de votar y ser electas. Uso el término reivindicar porque se dice que “se les otorgó el derecho al voto”, como si fuera un privilegio de algunos otorgar a otros algo tan obvio. Tuvo que aclararse en el Decreto de reforma constitucional, publicado el 17 de octubre de 1953, en el Diario Oficial:

“Artículo 34.- Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan …”

Mucho se ha tenido que luchar para definir la igualdad como un derecho y la violencia hacia las mujeres como expresión de un sistema discriminatorio, presente en todos los ámbitos de la vida personal-familiar-comunitaria-social-institucional; ya sea física, emocional, sexual y en los ámbitos educativo, laboral, económico y político.

Para ello se han realizado reformas constitucionales en varios artículos: 1, 4, y 134 y se han dictado nuevas leyes: Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y su Reglamento (2008), donde se define la violencia hacia las mujeres: “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.

Un ejemplo histórico de discriminación es el derecho a ser votadas. La proporción de mujeres en los congresos locales y en el Distrito Federal, en el Senado y en la Cámara de Diputados fue menor a 10% durante muchos años. Para corregirlo, se reformó el Cofipe, pasando de la tibia frase de “los partidos políticos promoverán” en 1994, a “deberán” en el Código actual. Las mujeres exigieron su cabal cumplimiento, que fue posible debido a la sentencia histórica del Tribunal Electoral (2011) que defendió con gran compromiso la magistrada Alanís.

Por primera vez se cuenta con más de 30% de legisladoras en el Congreso, que presiden 19 comisiones ordinarias en el Senado y 15 en la Cámara de Diputados, que sumadas a las extraordinarias, ya expresan una notable mejoría en el equilibrio del poder.

La última batalla en el campo de los Derechos Políticos es la que está dando la senadora Saldaña, que el 8 de noviembre propuso una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para definir la violencia política y en forma paralela para concretar su aplicación, una reforma en los artículos 342 y 350 del Cofipe.

La propuesta de definición, en el artículo 21 de la Ley: “Violencia Política.- Son las acciones y/o conductas agresivas cometidas por una o varias personas, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, sicológico o sexual en contra de una mujer o de varias mujeres y/o de sus familias, en ejercicio de la representación política, para impedir, restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad y/o de la ley.”

Sólo con movilización de las redes de mujeres, con aliadas y aliados conscientes y responsables en diversas instituciones, se puede avanzar hacia la igualdad en la conquista de los derechos fundamentales.

*Ex diputada federal y directora de Desarrollo y Transparencia S.C.