Otro desaguisado en la Suprema Corte

El desaguisado de la Corte —nunca mejor empleado el término— puso al descubierto la falla constitucional de exigir ternas para elegir a los ministros de la Suprema Corte. El nuevo rechazo senatorial a las ternas presidenciales hizo que todos los actores perdieran algo: El Presidente, haber salido airoso en su última gestión ante el Senado; los integrantes de las ternas, haber participado en un proceso serio, republicano, de altura; los senadores, de haber cumplido con sus obligaciones; los senadores panistas, encabezados por Cordero, el presidente del Senado, haber mostrado disciplina partidaria y solidaridad con su jefe nato; la Suprema Corte, haber sustituido en tiempo a los ministros y mantener el ritmo normal de trabajo y despacho de los asuntos. En fin, todos perdieron algo. Nadie tiene responsabilidad, pero todos la comparten. Quien más perdió es el sistema político mexicano que mostró nuevamente la incapacidad de la colaboración efectiva entre poderes.

El problema es derivado de un mal diseño constitucional. A fines de 1994, cuando se discutió la reforma judicial, se resolvió que para la designación de los ministros, el Presidente debería presentar ternas al Senado, para que después de comparecencias se designara al mejor.

Ya en otra ocasión Calderón había enviado una terna con funcionarias judiciales. El Presidente decidió que la vacante del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien falleció en viaje por Europa, la debería cubrir por razones de “equidad de género” una mujer. La terna fue rechazada. Después de una larga e incomprensible espera por parte del Ejecutivo, el presidente de la Suprema Corte, Juan Silva Meza, hizo un reclamo público, pues muchos casos no podían resolverse al no poder desempatar las votaciones.

El presidente Calderón integró, a regañadientes, una nueva terna en la que ya no figuró ninguna mujer.

Elisur Artega, reconocido constitucionalista, considera que muchos abogados exitosos, según se ha visto, no están dispuestos a figurar en una terna en la que estaría en riesgo su prestigio, en caso de no ser designados.

El presidente del PRD, Jesús Zambrano, que nunca pierde la oportunidad de quedarse callado, hizo unas declaraciones espeluznantes. Propone que sea el mismo Senado el que haga las ternas y designe. No el Presidente de la República. No entiende que en México debería existir la división y colaboración de poderes. El nombramiento de los funcionarios judiciales (ministros, y algunos consejeros de la Judicatura Federal) es una gestión en que dos poderes —Ejecutivo y Legislativo— deben intervenir y colaborar, en apoyo a otro poder, el Judicial (los magistrados electorales son electos por el Senado de una terna que presenta la Suprema Corte).

El derecho comparado ilustra que un método más eficiente sería el que existía antes de la reforma de 1995. El que opera en Estados Unidos. El Presidente designa y el Senado ratifica o no al candidato propuesto.

Esto no quiere decir que en Estados Unidos todo sea mejor.

Es mejor la solución de la Constitución mexicana de fijar a los ministros un plazo para el ejercicio del cargo —15 años— y no como en Estados Unidos que el cargo es vitalicio. Igualmente es mejor la fórmula mexicana para la designación del presidente de la Suprema Corte de Justicia. En Estados Unidos, el presidente de la Corte, el Chief Justice, es designado por el Presidente con la aprobación del Senado. Al contrario de lo que sucede en México, en que para acceder a la presidencia de la Suprema Corte se requiere ser ministro, en tanto la designación del presidente la hacen cada cuatro años los integrantes de la Suprema Corte; en EU el presidente de la Corte puede no haber sido juez asociado.

El sistema de ternas ha probado su ineficacia y ha generado distorsiones. Es tan relevante el cargo de ministro de la Corte que lleva a la consternación ver a los integrantes de las ternas hacer penosas visitas a los senadores en actos de proselitismo político para convencerlos de sus cualidades para ejercer la más alta magistratura judicial. Un juez constitucional debería estar por encima de esos menesteres.

Algunas de las tareas más relevantes que tendrá Obama en su próxima gestión presidencial son resolver el déficit fiscal, la reforma migratoria y designar a quien deba sustituir a la ministra Ruth Bader Ginsburg, quien con 79 años ha expresado que desea retirarse en el mediano plazo. Los ministros en Estados Unidos, como en México, no tienen límite de edad para desempeñar el cargo.

En México todo indica que el presidente electo Peña Nieto, al asumir el cargo habrá de hacer las ternas para que el Senado escoja a los dos ministros que deberán ocupar los cargos que dejen vacantes los ministros Ortiz Mayagoitia y Aguirre Anguiano, que concluyen su gestión el último día de noviembre.

No es previsible que el presidente Calderón se exponga a otro desaire motivado por un mal diseño constitucional que deberá corregirse para evitar otro desaguisado como los que ya empiezan a ser costumbre. Lo mejor será dejar esto en manos de Peña Nieto y todavía mejor, que se reforme la Constitución.