Seguridad y democracia
El sentimiento de inseguridad se afianza entre los ciudadanos más bien a partir de las preocupaciones de la vida cotidiana.
PARÍS.— Durante la primera década del siglo XXI, el panorama de la seguridad latinoamericana se ha caracterizado por dos tendencias contradictorias: por un lado, la restauración de la democracia y los proyectos de integración han contribuido a la pacificación de la región, la creación de medidas de confianza mutua y la creciente subordinación de las fuerzas armadas al poder civil; por el otro, se observa en la mayoría de los países de la región un aumento exponencial de la violencia y de la inseguridad pública, que se concentra en primer lugar en los grandes centros urbanos.
La visión desde Francia, desde Europa, aporta nuevos enfoques a la realidad de una América Latina caracterizada por procesos de reafirmación de su identidad y búsqueda renovada de su integración. A estos fenómenos se agrega, desde el 11 de septiembre de 2001, la guerra antiterrorista promovida por el gobierno estadunidense, que ha derivado en buena medida en el combate al crimen organizado, con una militarización cada vez más evidente, tanto del discurso gubernamental como de las políticas públicas en general, en el ámbito internacional y en el nacional.
Sin embargo, el sentimiento de inseguridad se afianza entre los ciudadanos a partir de las preocupaciones de la vida cotidiana y no del temor a un acontecimiento mundial o un ataque desde el exterior. A tal percepción responde el concepto de seguridad humana, acuñado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que en su informe de 1994 proporcionó la primera definición:
“La seguridad humana está centrada en el ser humano. Se preocupa por la forma en que la gente vive y respira en sociedad, la libertad con que puede ejercer diversas opciones, el grado de acceso al mercado y a las oportunidades sociales y a la vida en conflicto o en paz. La seguridad humana significa que la gente puede ejercer estas opciones en forma segura y libre y que puede tener relativa confianza en que las oportunidades de hoy no desaparecerán totalmente mañana.”
Este concepto ha representado un verdadero cambio de enfoque y de perspectivas respecto a los paradigmas precedentes; y tiene la ventaja de que se ocupa más de la protección y la seguridad de los seres humanos, que de las de los Estados; plantea respuestas no militares a los desafíos de la seguridad e involucra tanto a los protagonistas del ámbito estatal como a los de la sociedad civil. El aumento de la violencia del crimen organizado y el deterioro de la seguridad pública son alarmantes y significan, en atinada definición del BID, un “asalto al desarrollo”.
América Latina es la zona más violenta del mundo en términos de homicidios registrados. El Informe Mundial sobre Violencia y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que la tasa de homicidios por 100 mil habitantes es de 27.5, una cifra tres veces superior al promedio mundial.
La destrucción y transferencia de recursos ocasionados por la violencia representan más de 14% del PIB latinoamericano. A esto se suma la persistente impunidad: se calcula que de cada mil crímenes cometidos, 994 no llegan a las instancias de la justicia. Los datos llevan a concluir que la violencia no ha disminuido en América Latina, sino que ha experimentado más bien una transformación de su estructura: el predominio de la violencia política, que caracterizó a las décadas de los 70 y los 80, ha cedido el paso a la violencia social, reflejo de los crecientes problemas económico-sociales en la región.
Frente a este panorama, no sorprende que la violencia endémica y la seguridad pública se hayan convertido en parte de los problemas principales de la gobernabilidad democrática en la región, lo cual refleja la gran debilidad de las instituciones representativas y del propio funcionamiento democrático, en aquellos regímenes que el politólogo Guillermo O’Donnell ha caracterizado como “democracias de baja intensidad”.
Consolidar la legitimidad de las instituciones públicas, fortalecer el Estado de derecho y combatir la desigualdad, son las medidas más adecuadas contra la violencia y la inseguridad.
