Gobernanza sensible al género

No basta con elevar en número la participación de las mujeres en la política si no se gobierna para cambiar el modelo de gobierno y sus políticas. Si no somos sensibles a reconocer que las diferentes necesidades, intereses, prioridades y responsabilidades de los hombres y las mujeres merecen otra mirada, además de combatir las arraigadas desigualdades de género, tenemos que admitir que el derecho de las mujeres a participar en la adopción de decisiones debe ser un hecho real.

Esta es una aseveración que no está reñida con que las mujeres participen igualitariamente en el acceso y ejercicio de la toma de decisiones. La igualdad sustantiva ya está definida en la Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres vigente desde 2006 en México, quiere decir igualdad real, tanto jurídica como efectiva, en todas las áreas del desarrollo del ser humano.

De 128 senadores, actualmente hay 42 mujeres, 33 por ciento. De ellas, 18 son presidentas de 61 comisiones de trabajo: ocho del PRI, cinco del PAN, tres del PRD y dos del PVEM, representan un 27%, que es el mayor porcentaje en la historia del Senado mexicano. Sin embargo, ha faltado incorporar el concepto de gobernanza y género que propone un nuevo gobierno que introduce la transversalidad de la perspectiva de género para identificar grandes desafíos en los nuevos contextos de nuestras sociedades, sobre todo el poder de la ciudadanía, entendido como un ejercicio que viabiliza el acceso de las personas a los derechos cívicos, sociales, económicos y culturales, que cuestiona y pone freno al incremento de la desigualdad y la pobreza, calificadas como las principales deficiencias de la democracia en varios países como el nuestro.

Una gobernanza sensible al género significa que las mujeres y los hombres deben participar en pie de igualdad en la planeación e implementación de las instituciones y los procesos para equiparar una mayor representación de las mujeres en los espacios de gobierno, eliminando discriminaciones y construyendo paridades.

Porque muchas mujeres sufren una exclusión permanente en el ejercicio de sus derechos políticos por su condición de género, en particular de las que tradicionalmente por motivo de etnia o pobreza han sido marginadas, requerimos institucionalizar la perspectiva de género en los órganos de la jurisdicción electoral en nuestro país e incorporar los compromisos internacionales que aseguren la igualdad y la no discriminación por razones de sexo, así como el ejercicio de los derechos políticos libres de violencia y en dignidad, así como propiciar, dentro de los organismos de jurisdicción electoral, el ejercicio de un rol activo en la iniciativa y la discusión de los proyectos de leyes electorales.

Aumentar la cantidad de mujeres en posiciones de autoridad sólo llevaría a un sistema de gobernanza más equitativo si se garantiza la calidad de su participación. Esto requiere un cambio en torno a los roles que las mujeres y los hombres desempeñan, así como la creación de un ambiente en el que se vea y valore a las personas por sus capacidades y no por su género o sexualidad.

En síntesis, la gobernanza sensible al género se traduce en mejores opciones, oportunidades, acceso a recursos y resultados de vida para las mujeres, a través de políticas y acciones de gobernabilidad que desafíen las desigualdades de género arraigadas en la sociedad y sean apoyadas por fuertes mecanismos de rendición de cuentas en todas las instituciones de gobernanza.

                *Senadora de la República