Una visión integradora

América Latina puede dar el paso decisivo para consolidarse como un nuevo bloque político-económico.

Cíclicamente se ha creído, desde los albores de la Independencia, que América Latina puede dar el paso decisivo para consolidarse como un nuevo bloque político-económico. El sueño viene, por lo menos, desde el histórico Congreso Anfictiónico convocado por el libertador Simón Bolívar, en 1826.

Se trata, incluido el Caribe, de una superficie de unos 21 millones de kilómetros cuadrados, con una población de casi 600 millones de habitantes, ocho millones de kilómetros cuadrados de bosques, 27 por ciento del agua dulce del mundo, enormes reservas de minerales, de petróleo, de energía.

Tan ambicioso como realizable, el proyecto de utilizar racionalmente las inmensas riquezas de América Latina y el Caribe gravita cada vez con más fuerza en la región. Y desata oposiciones a la medida de esta aspiración bicentenaria.

Los obstáculos que se han enfrentado, quienes en diversas etapas han promovido la unión latinoamericana, surgen tanto de los recelos y las desconfianzas que podríamos denominar internos (entre México y Brasil en alguna época; entre Colombia y Venezuela, Chile, Bolivia y Perú; Cuba con varias naciones), como de factores externos nada desdeñables.

Puede afirmarse que la primera y más importante conclusión es que con la unión latinoamericana en serio y a fondo, Estados Unidos experimentaría un revés definitivo en sus aspiraciones de hegemonía hemisférica, por cierto bastante maltratadas desde fines del siglo anterior.

Ciertamente, esa perspectiva requiere de una voluntad política común, cuyo vigor no está probado aún; el camino implica niveles de planificación contrarios a la voluntad de las multinacionales y los grandes grupos económicos locales y extracontinentales; por eso mismo, la oposición crecerá en proporción geométrica a toda evolución positiva hacia una comunidad latinoamericana, a menos que se encuentre la fórmula para armonizar los intereses, lo cual, a fin de cuentas, a todos convendría.

Durante los 12 años de gobiernos panistas, México fue un espectador pasivo. La gira internacional que acaba de realizar el presidente electo, Enrique Peña Nieto, augura un vuelco hacia el sur, para reforzar la dimensión continental de una comunidad latinoamericana capaz de incidir decisivamente sobre los destinos del mundo en el siglo XXI.

Un problema central para América Latina es que sus elites deben comprender que su crecimiento y desarrollo también tienen como referencia el mundo; pero sin lugar a dudas, la clave principal del futuro de la región estará en la capacidad de comprensión, entendimiento y cooperación entre los propios latinoamericanos y en los avances que pueda realizar en un proceso de integración similar al de la Unión Europea, que vaya desde el Río Bravo hasta la Tierra del Fuego.

En Brasil, Peña Nieto reiteró que el modelo de la compañía petrolera estatal Petrobras es un referente fundamental en sus planes para la modernización de Pemex. Planteó además una cooperación más estrecha en los foros internacionales, como el G20 o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac); y manifestó un interés específico y muy significativo respecto a los planes de combate a la pobreza, que emprendió Brasil con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“La idea es recoger la experiencia de éxito de Brasil en áreas de desarrollo social, que le ha permitido a este país sacar de la pobreza a cerca de 30 millones de personas en una década”, señaló el Presidente electo de México. Los temas de una política exterior concertada y una política social efectiva, fueron también abordados,  posteriormente, con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández.

La posibilidad de que México y Brasil, las dos principales potencias de la región, asuman de manera conjunta un liderazgo latinoamericano, con la participación muy cercana de Argentina, puede modificar el panorama latinoamericano y caribeño en el corto plazo, con una opción de futuro autónoma, integracionista y plural. De ese tamaño es el cambio de rumbo que se avizora a partir del 1 de diciembre, aún cuando se mantenga la necesaria e inevitable cercanía con Estados Unidos.

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