Tres Marías y las bases

El ataque en la zona de Tres Marías, Morelos, contra un vehículo de la embajada de Estados Unidos en el que viajaban dos funcionarios diplomáticos, identificados extraoficialmente como personal de la DEA, con un elemento de la Armada de México en calidad de chofer, ha quedado envuelto en la niebla de la desinformación. En primera instancia, la embajada estadunidense habló de una emboscada; posteriormente, pareció plegarse —lo mismo que el Departamento de Estado— a la versión ofrecida por el gobierno de México, acerca de una presunta confusión.

Hay demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Cómo es posible confundir un vehículo diplomático luego de una persecución durante varios kilómetros? ¿Por qué la Policía Federal disparó a la camioneta de la embajada, si fue acosada inicialmente por otro vehículo que no era policiaco ni, mucho menos, militar? ¿Cuál es la explicación al hecho de que la camioneta presentara 30 impactos de bala?

Entre las versiones recogidas por los medios, se ha indicado que los dos diplomáticos estadunidenses —o agentes de la DEA—se dirigían a las instalaciones de la Armada de México en el cerro de El Capulín, municipio de Xalatlaco, presumiblemente en misión oficial. ¿Sin un operativo de seguridad?

Mientras se aclara si fue una confusión —lo menos probable—, un atentado contra la DEA o una provocación de los cárteles del narcotráfico y sus aliados dentro de las estructuras de seguridad del Estado mexicano, es importante retomar el tema de la creciente presencia policiaca y militar estadunidense en México que, desde luego, corresponde a una estrategia impuesta desde Washington y aceptada por el gobierno de Felipe Calderón.

Esa estrategia implica la participación directa de las fuerzas de inteligencia, de seguridad y defensa de Estados Unidos en operaciones dentro del territorio mexicano y fue diseñada en Washington, dentro del marco de un Plan México que rebasa los alcances de la Iniciativa Mérida.

Altos mandos del Comando Norte del ejército estadunidense han realizado visitas para intercambiar técnicas y tácticas a las comandancias de la II Región Militar, con sede en Mexicali y jurisdicción en Baja California, Baja California Sur y Sonora; la IV Región, con sede en Monterrey y jurisdicción en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; y la XI Región, que abarca Chihuahua y Coahuila.

El 13 de marzo de 2010, el entonces jefe del Comando Norte, general Gene Renuart, reveló que Estados Unidos “comparte con México las lecciones de las guerras en Afganistán e Irak”, para aplicarlas en el combate al crimen organizado, especialmente contra los cárteles del narcotráfico. Ya el mayor Lawrence Spinetta, entonces miembro del Estado Mayor del Pentágono y becario del Consejo de Relaciones Exteriores, había planteado la necesidad de una creciente integración mexicano-estadunidense en temas de seguridad.

Spinetta planteó la ampliación de la red de radares estratégicos del Pentágono hacia México, para que el flanco sur estadunidense no quedara “relativamente desprotegido”. Por esa razón, afirmaba que el Comando Norteamericano para la Defensa Aeroespacial (Norad, por su acrónimo en inglés) debía “buscar activamente” el desarrollo de una nueva cooperación de seguridad, a fin de reforzar la defensa colectiva de América del Norte.

La propuesta de Spinetta tendría repercusiones concretas en 2009: la primera iniciativa anunciada por Carlos Pascual, luego de su nombramiento como embajador de Estados Unidos en México, involucraba una extensión piloto del programa E-Trace en territorio mexicano, para cubrirlo de manera total posteriormente, en un plazo de meses.

“E-Trace utiliza la tecnología digital para rastrear el origen de las armas confiscadas a los cárteles mexicanos de la droga, e identificar las rutas de tráfico de armas”, conforme a la información publicada por la prestigiosa Jane’s Intelligence Weekly. La instalación de diez bases “anticrimen” en México, producto de acuerdos bilaterales con Estados Unidos, sería una secuela en la ampliación de esa colaboración binacional. En eso estamos.