Renovación en la Suprema Corte, ¿para qué tanto brinco?

La reciente reforma política contenida en adiciones y enmiendas a varios artículos constitucionales fue un paso adelante de lo que debería ser una reforma política integral. Algún senador ocurrente dijo que se trataba de una “reforma light”. Se quedaron cosas en el camino.

Una de ellas es la que el presidente Calderón incluyó en su iniciativa y el Congreso desechó: conceder a la Suprema Corte de Justicia la facultad de iniciar leyes en materias de su competencia. En España esta facultad la tiene el Consejo General del Poder Judicial, que es equivalente al Consejo de la Judicatura Federal antes de la reforma constitucional de 1999, con la que el entonces presidente de la Suprema Corte, Genaro Góngora, le cortó la cabeza a un órgano que estaba llamado a instrumentar la reforma judicial.

Ésta, como aquella, fue una oportunidad perdida, pues la Suprema Corte haría las mejores leyes dentro del ámbito de su competencia. No se saben bien las razones del desaire del Congreso al Presidente y a la Suprema Corte, pero mostró falta de generosidad y amplitud de miras.

Ahora vendrá la designación de dos ministros de la Corte que concluyen el término para el que fueron designados. Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Aguirre dejarán sus cargos el último día del mandato de Felipe Calderón. Una buena oportunidad para que la transición del gobierno suceda civilizadamente y dentro de la corrección política. Tanto Ortiz como Aguirre se han significado por ser hombres prudentes pero grises. Sus criterios totalmente conservadores. Particularmente el segundo, militante panista, siempre mostró su particular agenda política e ideológica, tan cercana a los gobiernos de Fox y Calderón. En materias como aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, fue apasionado ad nauseam, defensor de los criterios pro vida y enemigo del encuentro jurídico entre personas del mismo sexo. Afortunadamente para la agenda democrática y liberal, quedó siempre en minoría. Aguirre será recordado más por sus pantagruélicas comidas que por su criterio jurídico. La Corte, a pesar de todo, ha sabido identificar los tiempos que corren y ha sido un baluarte de los derechos y libertades ciudadanas.

Por ello es tan importante que el presidente Calderón tenga un gesto de generosidad republicana con Enrique Peña Nieto. Si lo vence su interés ideológico y hasta religioso, es probable que envíe al Senado las dos ternas de candidatos a suceder a los ministros cesantes. Convendría que Calderón dejara este asunto en manos de Peña Nieto, su sucesor. El Senado, mayoritariamente priista, podría rechazar la terna de Calderón y entonces sería Peña Nieto quien tendría que presentar una nueva terna. Si gana una visión de estadista, corresponderá a Peña Nieto pensar en seis juristas para que el nuevo Senado haga las designaciones.

En Estados Unidos algo parecido vive el presidente Obama, que tiene frente a sí una lista de docenas de jueces federales que debe designar para que el Senado los ratifique y puedan cubrir esas numerosas vacantes. En Estados Unidos, donde no existen consejos de judicatura, el presidente designa, con la aprobación del senado, a los justicias o jueces asociados de la Suprema Corte, pero también a los jueces federales, los equivalentes a nuestros magistrados de circuito y jueces de distrito que son designados por el Consejo de la Judicatura Federal, a partir de concursos de oposición.

La estrategia de Obama contrasta con la de Bush, que, embelesado con la posibilidad de dejar un legado de jueces conservadores, se apuró a nombrar a todos los que pudo con la mayor celeridad. Obama, por el contrario, ha tenido una estrategia distinta.

Sabe que la designación de jueces con agenda liberal habría de polarizar al congreso y alterar su estrategia de reformas con la participación de conservadores. Obama pudo nombrar a dos jueces asociados o justicias liberales (ministros de la corte), como la hispana Sonia Montemayor o la judía Elena Kagan.

En cuanto a los jueces federales, de distrito o de apelación, pudo nombrar solamente a 125, mientras que Clinton nombró a 170 y Bush, su antecesor, a 162. Todo indica que Obama quiere dejar el mayor número de vacantes en el poder judicial de Estados Unidos para que el ganador de la elección, él mismo, como por el momento aconsejan las encuestas, o bien Romney, disponga de un número amplio de candidatos para llevar adelante sus planes ideológicos.

A pesar de todos los discursos a favor de la independencia judicial, en México, en Estados Unidos y en China, la tentación de nombrar personas afines, dóciles y hasta dúctiles está presente. Corresponde a los jueces designados ejercer su independencia para hacer autónomos los juzgados donde administran la justicia.