¿Será que el que ganó, ganó?

El proceso electoral mexicano entró en su cauce jurídico.  Concluida la etapa política corresponderá ahora al árbitro electoral determinar quién ganó y hacer la declaratoria de Presidente electo. AMLO ha utilizado los recursos que confiere la ley; el PRI, con buen tino, ha expresado su conformidad para hacer el recuento voto por voto si fuera necesario. Independientemente de estas declaraciones corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial determinar si proceden las impugnaciones y si vuelven a contarse todos los votos.

En Estados Unidos dos asuntos de significación política, como la constitucionalidad de la Ley SB 1070 de Arizona y la ley sanitaria del presidente Barack Obama (Patient Protection and Affordable Care Act) llegaron hasta la Suprema Corte. Contrario a lo que se esperaba, la Suprema Corte, dominada por conservadores (5-4), concluyó su periodo de sesiones levantando la mano vencedora al presidente Obama. Se trata de dos decisiones jurídicas con enorme peso político.

En cuanto al tema migratorio, la Corte confirmó que se trata de una facultad federal. No podrán los estados legislar en contra de este principio, como parecía que sucedería de haber prosperado la Ley SB 1070. La Suprema Corte determinó que no es necesario que los residentes de Arizona lleven consigo documentos de identidad. Los indocumentados pueden trabajar sin que ello sea un delito como lo sugería la ley impugnada. Además, no pueden estar sujetos a detención arbitraria porque las autoridades consideren que no tienen documentos migratorios. Se trataba de aquel absurdo: “detengan a los mexicanos ilegales, pero no porque parezcan mexicanos”. No obstante, se mantuvo la facultad de las autoridades estatales de preguntar a los detenidos por infracciones administrativas si cuentan con documentos que acrediten su legal estancia en el país. Se trata de un permiso para detener sospechosos por sus características étnicas.

En cuanto al otro gran proyecto de Obama, el de la salud, se pensaba que sería su tumba política. Ahora, millones de estadunidenses tendrán acceso a servicios de salud mediante un sistema de seguros. No se negará el seguro por enfermedades preexistentes —punto clave de los seguros privados— y los menores de 26 años podrán estar amparados bajo el seguro de sus padres.

Por lo pronto, los fallos de la Suprema Corte han dejado sin aliento a los republicanos que suponían que la Corte actuaría conforme a su perfil conservador y republicano. Las encuestas muestran lo acertado de la decisión de la Corte en cuanto a las preferencias del público. Según Gallup, 66% de la población estima que la migración es positiva. Según la agencia Bloomberg, también 66% está de acuerdo con la decisión ejecutiva de Obama de suspender las detenciones de los jóvenes que, nacidos fuera de Estados Unidos, han hecho de ese país su lugar de destino vital. Los llamados dreamers ya no podrán ser deportados y podrán, bajo condiciones razonables, seguir estudiando o trabajando sin tener, por ahora, que vivir en las sombras de la ilegalidad. No se sabe qué pasará con los jóvenes soñadores si gana Romney la elección de noviembre.

En México persiste cierta incertidumbre sobre el desenlace electoral. La autoridad afirma que se trata de un proceso inédito del cual debemos sentirnos orgullosos.  Los ganadores están naturalmente de acuerdo. Los perdedores exigen una revisión que corresponderá a la autoridad jurisdiccional electoral declarar su procedencia. Mostrarán con esta reiterada actitud sexenal —de confirmarse legalmente su derrota— que no saben perder, lo que significa que tampoco hubieran sabido ganar. Si el árbitro da la razón a AMLO el sistema electoral mexicano se derrumbará y, con ello, lo más grave, se perderá la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho. ¿Para qué valen las reglas si las puede trasgredir el más violento? Basta revisar las normas que rigen los procesos para darnos cuenta que una cosa es invocar el derecho y otra tener la razón jurídica. El Tribunal Electoral tendrá la palabra. No se necesita mucha ciencia (política o jurídica) para saber cuál será el resultado.