Sospechosas bases anticrimen

Finalmente, es oficial: la clásica punta del témpano gigantesco. México y Estados Unidos inauguraron en Puebla —entidad gobernada por el PAN— una academia de policía especializada, como parte de la Iniciativa Mérida, cuyo propósito aparente es combatir, con un enfoque regional, a los cárteles de las drogas y otras redes criminales transnacionales. La instalación de diez bases anticrimen en el país, producto de acuerdos bilaterales con Washington, sería una secuela en la ampliación de la colaboración binacional. La de Puebla es una de ellas.

De acuerdo con información filtrada desde la propia embajada estadunidense en México durante la gestión de Carlos Pascual, un embajador incómodo cuya renuncia exigió Felipe Calderón, el presidente Barack Obama informó al Congreso a fines de 2011, por conducto del Departamento de Estado, que la Secretaría de Seguridad Pública mexicana se encargaría de la construcción de las bases anticrimen y tres de ellas “entrarían próximamente” en operación.

Con la denominación de Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial General Ignacio Zaragoza, la base anticrimen poblana fue construida con una importante aportación estadunidense. A la ceremonia inaugural asistieron Calderón y el embajador Anthony Wayne, quien se apresuró a garantizar que México se colocará a la vanguardia en materia de seguridad.

Calderón deslizó alguna información convenientemente maquillada; dijo, por ejemplo, que mediante la inversión correspondiente, se hizo posible que la flamante academia “cuente con equipamiento de vanguardia, con el fin de realizar prácticas de investigación policial y de operativos tácticos… (…) Además, instructores de distintas agencias de cumplimiento de la ley de Estados Unidos, especializados en el tema, también estarán participando en la formación de los estudiantes”.

Wayne fue más lejos. Habló del desafío global del crimen organizado y de que no puede ser enfrentado con los recursos de un solo país, por lo que la respuesta exige una lucha común dentro de mecanismos como la Iniciativa Mérida. La información no encontró mayor eco en México, salvo en los medios poblanos y éstos se quedaron en la apariencia. Nadie habla, por ejemplo, de que la aportación estadunidense para seguridad en ese marco, asciende a unos mil millones de dólares, según reconoció el propio Calderón. La nueva estrategia conjunta méxico-estadunidense, que implicaría la participación directa de las fuerzas de inteligencia, de seguridad y defensa de Estados Unidos en operaciones dentro del territorio mexicano, ha sido esbozada por los altos mandos militares y diplomáticos en Washington, dentro del marco de un Plan México que rebasaría las estrategias de la Iniciativa Mérida, conforme a expertos y analistas de organizaciones no gubernamentales, miembros de la Red No a la Guerra-No a la OTAN.

Las medidas se han ido adoptando durante los últimos años. A fines de noviembre de 2008, por ejemplo, visitó el norte de México el experto en operaciones urbanas del Comando Norte del ejército estadunidense, general Thomas R. Turner II, comandante del Ejército Norte, con sede en Texas, para intercambiar información de técnicas y tácticas con las comandancias de la II Región Militar, con sede en Mexicali y jurisdicción en Baja California, Baja California Sur y Sonora; la IV Región, con sede en Monterrey y jurisdicción en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; y la XI Región, que abarca Chihuahua y Coahuila.

La información que ha sido posible recabar, confirmada por investigadores y analistas independientes, señala que Turner es uno de los oficiales de alto rango puestos “a disposición” del Ejército mexicano, para compartir “de primera mano” la experiencia de los soldados estadunidenses contra los talibán, los miembros de Al-Qaeda y los insurgentes iraquíes.

El 13 de marzo de 2010, el entonces jefe del Comando Norte, general Victor E. Renuart Jr., reveló que EU “comparte con México las lecciones de las guerras en Afganistán e Irak”, para aplicarlas en el combate al crimen organizado.