Cassez: Suprema Corte vs. opinión pública
Los ministros no resolverán la culpabilidad o inocencia de Cassez, simplemente harán el control constitucional del caso.
Ya se ha dicho casi todo sobre el caso Cassez, aunque falta lo único con validez jurídica: la resolución de la Suprema Corte. La modalidad de dar a conocer el proyecto del ministro Arturo Zaldívar con antelación a la resolución es un error. Dio a la opinión pública, a la prensa, a la academia, a la diplomacia internacional y a los medios masivos de información la oportunidad de emitir juicios, más bien prejuicios, que en nada fortalecen la función jurisdiccional.
En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación existe una disposición que podría ser aplicable al hecho. Está previsto que es causa de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación: “Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento” (artículo 131 fracción IX).
¿Cuál fue el sentido de difundir profusamente la opinión del ponente? ¿ No hubiera resultado más prudente —calidad propia de los juzgadores— que el asunto lo hubieran conocido solamente los ministros integrantes de la Sala que resolverá este amparo? ¿Qué sucedería si el ministro ponente, como acontece entre personas inteligentes que deciden cambiar de opinión, dado a conocer el sentido de su proyecto al público nacional y extranjero (hasta el Presidente de Francia se enteró), considera que hay otra salida?
La esperada resolución se tomará mañana por mayoría de votos. No se prevé que pueda darse un empate, pues aparentemente nadie está impedido legalmente o no hubiera participado en la discusión del asunto. Es previsible además que todos los ministros acudan a la cita.
¿Cómo resolverán? Si tuviera que hacerse un vaticinio, el ministro Zaldívar pintó su raya. El ministro José Ramón Cossío, tal vez el más sólido técnicamente, podría proponer una salida distinta a la propuesta de Zaldívar. Podría plantear apegarse al Derecho Internacional y reponer el procedimiento. La Corte Internacional de Justicia, a la que México ha acudido en caso de violaciones a derechos de mexicanos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, ha resuelto que no darle información “sin dilación” a un detenido extranjero que tiene derecho a ponerse en contacto con el puesto consular de su país, no conlleva a la liberación inmediata, pues la Corte Internacional de Justicia, no es tribunal de apelación. Su resolución deja al Estado receptor (México) la reposición del procedimiento por medios judiciales a su elección.
Es probable que los ministros Pardo Rebolledo y Ortiz Mayagoitia, considerados como conservadores, fallen para confirmar la constitucionalidad de las actuaciones con lo que Cassez permanecería en la cárcel. Es lo que supongo espera el gobierno de Calderón. Además, lo que pide un sector muy influyente de la opinión pública. Este sector integrado por las víctimas de los delitos se ha convertido en grupo de poder, al grado que el PAN nominó como candidata al cargo de jefe de Gobierno a una activista en contra del secuestro. La señora Wallace ya anunció no cejar en que se mantenga firme la sentencia condenatoria.
La incógnita es la ministra Olga Sánchez Cordero. Es altamente probable que su voto sea el que resuelva este asunto.
Para algunos internacionalistas, la detención de Cassez resultó demasiado costosa. Puso en entredicho y llevó a su peor momento, en muchos años, la relación de México con Francia. Esta había sido una relación en los últimos tiempos, digamos, en el siglo XX, de amplia colaboración, entendimiento y hasta amistad, como lo prueba la estatua de la Independencia. El Ángel fue regalo de Francia a México en su centenario. En el bicentenario, Francia nos regaló la cancelación del año de México.
Para otro amplio sector de opinión, la liberación de Cassez sería la puntilla para el proyecto de Calderón de lucha contra el crimen. ¿Qué pasaría con García Luna y Cía. de liberarse a Cassez ? Los defensores de esta salida estiman, con cierta ingenuidad, que sería el inicio de la nueva justicia mexicana en que impere el principio del debido proceso como la reina de los procesos penales.
La Suprema Corte no resolverá la culpabilidad o inocencia de Cassez, simplemente hará el control constitucional del caso. Eso debió haberse difundido masivamente y no confundir al público con un proyecto que se discutirá mañana, pero que ya tiene el veredicto popular: Cassez debe permanecer en la cárcel. Aunque mañana sabremos realmente qué pasará.
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