Hezbolá y la injerencia de EU
La posibilidad de colaborar en el ámbito del narcotráfico, como una acción de combate, fue recibida con beneplácito.
Los vínculos entre el terrorismo fundamentalista originado en países islámicos y las narcoguerrillas o el narcoterrorismo en América Latina, han sido señalados periódicamente desde hace por lo menos 12 años. En lo personal, investigué la realidad en diversos países de América, Europa y Asia, y publiqué los resultados de mi trabajo, en diarios, revistas, tres documentales y un servicio de análisis político prospectivo que dirigí durante una década, Horizonte macropolítico. Hubo mucho de realidad, junto a otro tanto de manipulación propagandística.
En la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, encontré evidencias irrefutables de conexiones entre organizaciones latinoamericanas y el fundamentalismo islámico. Algunos de los grupos involucrados en nuestro continente habían sido en alguna época formaciones guerrilleras que combatieron contra las dictaduras militares y la agresión hegemónica estadunidense, pero, con el paso del tiempo, devinieron en bandas criminales. Un caso notorio es, por supuesto, el de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El pasado 13 de diciembre, una corte federal estadunidense en Alexandria, Virginia, acusó al libanés Ayman Journaa de encabezar una organización dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero, que habría vendido casi 100 toneladas de cocaína colombiana a Los Zetas mexicanos, entre 2005 y 2007.
El portal In Sight, que se dedica a monitorear el crimen organizado en las Américas, señala que Journaa es “por lo menos el segundo libanés acusado en los últimos tres años de utilizar dinero de la droga procedente de Sudamérica” para financiar las actividades del Hezbolá o partido de dios, un movimiento de resistencia contra la ocupación israelí de Palestina, que devino en una organización terrorista de corte fundamentalista radical.
El gobierno colombiano detuvo en 2008 a Chekri Harb, alias El Talibán, acusado de lavar anualmente millones de dólares destinados a Hezbolá, buena parte de los cuales procedían del tráfico de cocaína colombiana por conducto de las FARC y con la participación de intermediarios mexicanos, como el cártel del Golfo o Los Zetas.
En la zona de la Triple Frontera, donde coinciden territorialmente Argentina, Brasil y Paraguay, tuvo lugar en 1999 una gran conferencia de grupos armados latinoamericanos, a la que asistieron el EZLN y el EPR mexicanos, en la cual habló un alto representante de Al-Qaeda, enviado personal de Osama bin Laden (pudo haber sido, según la información que logré reunir, Abu Musab Al-Zarkawi, el lugarteniente militar de Bin Laden; a quien entrevisté en Pakistán).
La reunión fracasó, en buena medida, porque la mayoría de los asistentes se mostró renuente a que la coordinación operativa de una especie de alianza terrorista y narcoguerrillera fuera encabezada por los fundamentalistas islámicos. Sin embargo, la posibilidad de colaborar en el ámbito del narcotráfico, planteado como una acción de combate para minar a Estados Unidos, fue recibida con beneplácito general.
En Estados Unidos se ha utilizado la posible presencia de Hezbolá en América Latina como un instrumento para endurecer la política exterior contra los gobiernos considerados no amistosos y como pretexto para mantener una creciente presencia militar al sur del río Bravo, mediante bases militares —muchas veces encubiertas bajo los acuerdos contra el narcotráfico, como en el caso de México—, la reactivación de la IV Flota y el vuelo de vehículos aéreos no tripulados (los drones), que sobrevuelan la frontera mexicano-estadunidense y van más al sur, y están presentes asimismo en Colombia y posiblemente en la Triple Frontera.
Los drones pueden ser utilizados tanto para vigilancia, monitoreo y espionaje, como para ataques armados, incluso con misiles, como ha ocurrido en Pakistán y Afganistán. Su presencia en la zona fronteriza de México y Estados Unidos es parte de la estrategia de seguridad de América del Norte, a la que el gobierno de Felipe Calderón se ha sometido sin tomar en cuenta a la ciudadanía o al Congreso de la Unión.