¿Contratistas de la muerte en México?
Para el proyecto Iniciativa Mérida, Felipe Calderón tendría que recurrir a empresas recomendadas por los republicanos.
Conforme a versiones que comenzaron a circular el lunes último, Estados Unidos busca una empresa contratista de seguridad para capacitar a 20 funcionarios de la Procuraduría General de la República y de las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública, en vigilancia encubierta y monitoreo, con intercepción básica de audio y transmisiones electrónicas, operaciones de vigilancia con video y técnicas avanzadas de ocultamiento de audio y video, entre otras especialidades.
El proyecto, que estaría enmarcado en las previsiones de la Iniciativa Mérida, vendría a confirmar lo que desde 2008 se dio a conocer en algunos círculos, con pocas repercusiones en el ámbito general de la opinión pública y explicable encubrimiento del gobierno federal: que Felipe Calderón, para disponer de todos los recursos contemplados en la Iniciativa Mérida, tendría que recurrir a contratistas de seguridad recomendados por la extrema derecha republicana.
Las empresas elegidas, de siniestros antecedentes, serían Blackwater-XE Services LCC y Dyn Corp. La primera, fundada en 1997 en Carolina del Norte por Eric Prince, un veterano de las fuerzas especiales de la Armada estadunidense (SEALS), alcanzó una rápida notoriedad por los asesinatos indiscriminados de civiles, el tráfico de armas, las violaciones de mujeres y el tráfico de drogas.
Contingentes de Blackwater se hicieron cargo de la vigilancia, las torturas y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en prisiones como la de Abu Ghraib, donde incluso elementos veteranos del ejército estadunidense reaccionaron con horror y disgusto ante sus excesos, solapados por Washington.
En cuanto a la Dyn Corp, ha tenido una prolongada actividad en Colombia. Sus mercenarios se especializaron en la fumigación con herbicidas -recordaban quizá las experiencias del infame agente naranja en Vietnam- y fueron investigados en tres provincias ecuatorianas fronterizas con Colombia, Esmeraldas, Sucumbíos y Carchi, donde se les acusó de utilizar glifosato, una sustancia que ocasionó severos daños a los cultivos y a la salud de los habitantes de la región.
Los desmanes de Blackwater en Irak y Afganistán provocaron una orden ejecutiva presidencial estadunidense que restringía sus posibilidades de acción, pero a mediados de julio de 2010, según consigna el blog México bajo fuego ("https://mexicobajofuego.wordpress.com/" https://mexicobajofuego.wordpress.com/), el Departamento de Estado "autorizó" a particulares para realizar labores de contrainteligencia en América Latina, con pleno apoyo diplomático -que incluye la inmunidad ante los gobiernos extranjeros- y el acceso a los satélites y demás tecnología disponible para inteligencia y seguridad.
Arturo Nahle Gracía escribía, a mediados del año pasado (https://www.bitacoradigital.com.x/2010/05/11/%C2%BFmercenarios-en-mexico/), que no había información acerca de si Blackwater-XE Services "tiene contratos para operar en México. Las sospechas abundan porque a mediados de 2008, la empresa abrió un centro de entrenamiento en California (a unos diez kilómetros de Tecate, Baja California)", en coincidencia con un lucrativo contrato del Pentágono, otorgado a empresas contratistas de seguridad "para proveer inteligencia, espionaje, reconocimiento, entrenamiento aéreo y apoyo logístico en operaciones contra el narcotráfico".
Según México bajo fuego, "las operaciones de Blackwater en la zona fronteriza son. una realidad, ya que no sólo entrena a diversos departamentos de policía como el de Maricopa, en Arizona. sino que podemos señalar que a la par que han sido llevados de vuelta a Estados Unidos numerosos contingentes de reservistas desde Irak y Afganistán y son incorporados a la Patrulla Fronteriza, están siendo entrenados por Blackwater".
Como en el caso de las bases anticrimen organizado con perspectiva de convertirse en bases militares de Estados Unidos en México, tampoco ha existido reacción alguna del gobierno federal en cuanto a las posibles operaciones de contratistas de seguridad estadunidenses en territorio nacional, fuera del silencio, la indiferencia y la soberbia.