Impartición de justicia: un soporte para la igualdad de género
Según el Informe de Cumpli-miento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en México, menos de un tercio de los diputados federales y un cuarto de los locales son mujeres.
El pasado día 15 se conmemoró el Día de la Democracia. Las Naciones Unidas adoptaron esa fecha como ocasión para reflexionar el compromiso que esa Organización y los países miembros han adquirido para promover entre sus pueblos la democratización, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Ese marco fue propicio para recordar cómo las libertades se extendieron en las últimas dos décadas en Europa del Este o cómo este mismo año se registraron dramáticos procesos democratizadores en Oriente Medio.
Pero si bien hay mucho que celebrar, justo es reconocer que los regímenes democráticos del mundo mantienen un importante déficit, pues pocas naciones han logrado generar las condiciones para que los grupos sociales participen por igual en la toma de decisiones públicas. Las mujeres ocupan apenas 19% de los escaños disponibles en los Congresos del mundo y 17% de los ministerios nacionales. Subsiste un importante rezago en el camino hacia la paridad.
El caso mexicano no es mucho mejor. Según se puede constatar en el Informe de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que México presentó la semana pasada, dos de los indicadores que posiblemente no se cumplan para la fecha límite, 2015, se refieren precisamente a la promoción de la igualdad de género en el ámbito de la política. Menos de un tercio de los diputados federales y un cuarto de los locales es mujer.
Además de generar una representación política distorsionada, este rezago es preocupante porque la experiencia internacional ha demostrado que aquellos países que logran tener una buena proporción de mujeres en cargos públicos, consiguen a su vez normas más sensibles a las asimetrías de género.
Lo mismo ocurre con la impartición de justicia. Juzgadores más comprometidos con la impartición de justicia desde una perspectiva de género, tienen mayores posibilidades de incidir en la defensa de los derechos de las mujeres. La impartición de justicia tiene la capacidad de resarcir derechos. De ahí su potencial en la reconstitución de las formas de convivencia social.
Con esta convicción, algunas juzgadoras promovimos la creación de una Red Iberoamericana de Magistradas Electorales que compartamos cómo, desde nuestra respectiva jurisdicción, estamos defendiendo los derechos de las mujeres y con ello generemos experiencias útiles a otras impartidoras de justicia.
Esta Red se reunirá, por segunda ocasión, a fines de septiembre. Discutiremos cómo ampliar la puerta de la justicia a las mujeres, cómo lograr que las vías impugnativas sean accesibles a cualquier ciudadana, cuáles fueron las sentencias que mejor expandieron derechos en el periodo y cuáles son las mejores formas de evitar el acoso político y la violencia.
Con ello, la justicia electoral estará mejor preparada para soportar la valiosa lucha que muchas mujeres, dentro y fuera de los partidos, han emprendido para participar en política y acceder al poder público.
*Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.