Casino Royale
Tan sólo en Monterrey funcionan 12 casasde juego irregulares.
Raúl Contreras Bustamante
Corolario
Dice un refrán popular:”Una vez ahogado el niño, tapen el pozo”. El pasado 16 de marzo, en este mismo espacio de expresión —que de manera generosa, me permite Excélsior— en la colaboración que denominé “Casinos”, advertí sobre los riesgos que nuestra sociedad enfrenta debido a la actitud permisiva e indiscriminada de parte del gobierno federal, para que operen estos negocios en el territorio nacional.
Expliqué que uno de los legados negativos, de los diez años de gobiernos panistas, era la discrecionalidad con la que se permitió la instalación de casinos y casas de apuestas, cuando en periodos anteriores no existían.
Se institucionalizó la tolerancia. En lugar de elegir sitios turísticos estratégicos, donde las autoridades hacendarias ejercieran un control financiero estricto; las policías federal, estatales y municipales vigilaran de modo coordinado esas actividades para evitar el tráfico de enervantes, la prostitución y la criminalidad y, lo más trascendente, la creación de un impuesto especial para destinar los fondos que el juego a gran escala produce, para el fomento a la educación y la salud pública.
La fracción X del artículo 73 de la Constitución dice que es facultad del Congreso legislar sobre la materia y, sin embargo, de manera inconstitucional, se ha permitido que esta actividad prolifere.
Significa que debiera existir una ley que transparente esta actividad —de facultad federal— y, por el contrario, se ha consentido con disposiciones reglamentarias emitidas por el Poder Ejecutivo —de dudosa y opaca legalidad— que el negocio de las apuestas sea un caos institucional.
Lo que sucedió la semana pasada es terrible. Más de 50 muertos inocentes, como consecuencia de un atentado cobarde e irracional.
Pero este triste episodio sacó a la luz pública la terrible corrupción que envuelve el negocio del juego. Las autoridades estatales y las municipales se defendieron argumentando que el permiso del Casino Royale fue expedido por las autoridades federales, en otras palabras, la Secretaría de Gobernación.
Tan sólo en Monterrey funcionan 12 casinos irregulares, esto es, que operan con amparos en contra de las disposiciones reglamentarias que “regulan” el negocio de las apuestas, lo que deja traslucir su debilidad jurídica institucional.
Al ser una instancia que se ampara en permisos federales, las normas locales de seguridad e higiene, así como de protección civil, palidecen. Es imperdonable saber que murieron más personas asfixiadas, debido a que no abrieron las salidas de emergencia, que por las quemaduras producidas por el incendio provocado.
Para nadie es desconocido que alrededor del juego existe la confluencia de otros negocios duros: la venta de alcohol, la prostitución, el lavado de dinero y el narcotráfico. Los casinos son puntos neurálgicos que debieran estar escrupulosamente controlados. Razones obvias. Pueden ser centros de lavado de otras ganancias ilícitas; su funcionamiento es muy codiciado debido a los lucros que generan, así como porque pueden ser blancos de extorsión.
El móvil pudo ser una venganza entre grupos rivales o un ajuste de cuentas por la negativa de pagar seguridad por el “derecho de piso”. ¿Las víctimas? Incautos ciudadanos que, en busca de diversión, encontraron la muerte.
Y ahora a tapar el pozo… El domingo pasado, el SAT embargó tres mil 500 máquinas de juego.
*Doctor en Derecho y profesor de la UNAM