Diego Valadés citó palabras que recogió de la página oficial de la Presidencia de República: El avance de los criminales en México se explica, también, por la enorme corrupción que prevalece en las instituciones de seguridad y justicia, en distintos órdenes de gobierno y en distintas regiones del país.
“Quienes están encargados de velar por la seguridad, están más bien al servicio de los criminales”, advirtió el primer mandatario, de acuerdo al texto retomado por el ex titular de la PGR, durante su exposición, el lunes, en el Foro Legalidad Democrática, Ética, Derechos Humanos y Seguridad, que se realiza en San Lázaro.
Al ponente no se le escapó un dato mayúsculo: cuando un Presidente dice algo tan categórico, es porque tiene información. No habla como un ciudadano en uso de la libertad de expresión, sino en nombre del Estado, del gobierno.
A partir de esta observación, el ex ministro formuló una serie de preguntas válidas: ¿Es posible que un Presidente afirme que gobiernos municipales y estatales están involucrados en la corrupción y que están al servicio de los criminales, sin denunciarlos?
¿Es posible que haga una imputación de este género, que por cierto involucra a los jueces, sin tener pruebas suficientes? ¿Una actitud así combate a la corrupción?
Para nadie es un secreto que el índice de confianza de los mexicanos en las policías es bajísimo. Ni programas como El Equipo, difundido en horario triple A, han logrado levantar la deteriorada imagen de quienes, se supone, nos deben proteger.
La desconfianza crece si se trata de policías locales. Ayer mismo nos enteramos de que se investiga el desempeño de la policía regia durante el atentado al Casino Royale, que dejó 52 muertos. El gobernador de Nuevo León lo hizo público.
Era lo menos. Videos tomados por ciudadanos con sus celulares muestran que las patrullas de esa corporación ni el intento hacen de moverse, a pesar de que sus ocupantes observaban que las llamas reducían a cenizas buena parte del casino de la muerte.
Lamentablemente ya nadie se sorprende. Lo vemos casi normal. ¿Miedo? ¿Corrupción? Lo más seguro es que ambos factores existen. De lo que no dudamos es de que la sociedad ya esta hasta la madre de la inseguridad.
Lo adelantamos ayer en este espacio. PRI, PAN y PRD acordaron ayer repartirse la presidencia de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados. Cuatro meses cada grupo parlamentario. La negociación, al cierre de esta columna, se focalizaba en la distribución de los tiempos: qué partido, cuándo.
“No hay nada aún, brother”, repuso, por SMS, el coordinador de los diputados del PRD, Armando Ríos Piter.
Hasta donde pudimos averiguar, el tricolor quiere la presidencia los primeros cuatro meses este año. Es el lapso en el que se aprueba el paquete económico para 2012. No confía en una presidencia amarilla. Sus diputados alegan que los amigos más radicales del PRD podrían aprovechar para boicotear la sesión agendada, sin que un presidente de ese partido mueva un dedo por impedirlo.
La burra no era arisca.
El priista Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente saliente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, baja hoy cortina con la inauguración de la moderna sala de prensa en San Lázaro. Antes de su partida, charlamos brevemente con el político yucateco sobre el evento que más lo marcó a lo largo del año legislativo.
Su respuesta fue contundente: el caso del prófugo Julio César Godoy, medio hermano del gobernador de Michoacán. Rindió protesta como diputado, a pesar de que tenía una orden de aprehensión, por vínculos con el narcotráfico. “Es ejemplo de la urgencia de legislar el tema del fuero de los legisladores”, recalcó el también aspirante a la gubernatura de Yucatán.
Otras cosas lamenta Ramírez Marín: que la reforma política no haya sido aprobada durante el año legislativo que termina. “Me siento en deuda con Pedro Ferriz”, recalca. Pero también la “pinche entrevista” que concedió a Playboy, legendaria revista para caballeros, publicada bajo el título de “mi mujer tiene más poder que nadie”.
Orgulloso se siente, eso sí, de las reformas realizadas al rebasado reglamento de la Cámara de Diputados.
Enhorabuena a Gael García y a Diego Luna. Los conocidos actores recibirán el Premio Derechos Humanos que otorga la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés.) Serán reconocidos por su tarea a favor de los migrantes mexicanos. El 13 de septiembre habrá una conferencia de prensa con los galardonados en el National Press Building de la capital estadunidense.