No podemos equivocarnos

Recorre el país un estado de incredulidad. Quizás uno de los extremos de ello son las recientes declaraciones de Vicente Fox llamando a negociar con las bandas de narcotraficantes, postura promovida por sus dos asesores de casa. En otro extremo están los teóricos partidistas y periodísticos expresando su repudio a la idea de que exista el terrorismo en México, y que se desviven por explicar los errores teóricos y prácticos de la afirmación del presidente Calderón en ese sentido. Otros más constatan lo que siempre habían percibido: una conspiración de Washington detrás de la idea, pues reforzaría su alternativa para poder intervenir en los asuntos internos de nuestro país. López Obrador pide la renuncia de todo el Gabinete de Seguridad Nacional sin, por supuesto, ofrecer alternativa alguna. En contraste con la clase política, grupos de ciudadanos, aún pocos por cierto, empiezan a salir a las calles a demandar la derrota al crimen organizado y el restablecimiento del Estado de derecho.

En contraste con esa incredulidad arraigada en un país cuya clase política básicamente opta por vivir en el autoengaño, encabezado por ex presidentes, es indispensable plantearnos el peor escenario, y no el más fantasioso. Ese peor escenario es cuando el narcotráfico asume el control de grandes franjas del país, tanto en lo político como en lo económico, como sucede hoy por hoy en Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Cuando quien controla el poder institucional de la fuerza violenta sea el narcotráfico, y no un Estado democrático. Cuando cobre los impuestos y decida cuáles son las leyes del país, entonces sabremos qué es ser parte de un narco-Estado, y no los juegos infantiles de supuestas negociaciones con quienes negocian, para luego traicionar, arrebatar y asesinar.

Este debate se recrudece a raíz del ataque al Casino Royale en Monterrey. Un ataque a la población civil, por la razón que sea, debe entenderse en toda su magnitud. Es un ataque terrorista, pues pretende utilizar el pavor de la población, civil y no involucrada, para lograr un objetivo específico de un grupo de intereses. Los intereses no importan, pues pueden ser políticos, económicos o patológicos. Lo importante es que el crimen organizado ha tomado la decisión de utilizar a la población civil como instrumento útil para la consecución de los objetivos del grupo atacante. Dado que este es el primer ataque terrorista notorio de esta naturaleza en nuestro territorio (la bomba en Morelia y los carros-bomba en Ciudad Juárez finalmente pudieran considerarse hechos aislados), es necesario construir el significado de estos hechos y lo que va a decirnos su repetición.

Lo más importante de todo el episodio es que cuestiona el papel y la legitimidad del Estado nacional. Y ningún Estado puede permitir que eso le suceda.  Todo Estado se basa en un contrato social convenido con todos los actores de la sociedad. El terrorismo tiene, como fundamento y principio, la imposición de su propio contrato social a la sociedad, sin consulta y basándose en el miedo previamente infundado. 

Es necesario que la sociedad civil actúe en este escenario. La clase política lo está viviendo pasmada y no reacciona. Los dos presidenciables, Peña Nieto y López Obrador, vienen hacia nosotros con las manos vacías. Traen la bolsa llena de retórica y carecen de propuestas para defender al Estado nacional.

El presidente Calderón defiende el Estado nacional y democrático. Sin embargo, es criticado por una clase política atónita y carente de visión. Hoy, como pocas veces en la historia reciente del país, la decisión presidencial ha sido crucial: el combate al narcotráfico es la última línea de defensa ante la impostura de la anarquía en la nación. No podernos darnos el lujo de equivocarnos, negándole nuestro apoyo total a la defensa del Estado democrático y de su contrato social.

        *Especialista en análisis político

            ricardopascoe@hotmail.com