Alonso Lujambio se bajó ayer de la contienda interna del PAN. Las razones reales las expuso uno de los integrantes más influyentes del equipo del ahora ex aspirante a la candidatura presidencial. “La circunstancia es difícil. Josefina crece fuera. Cordero dentro. Los gobernadores ya jalaron para otro lado. Es lamentable, era el de más potencial”, lamenta la fuente. Con más cautela, el secretario de Educación comentó también los motivos su decisión “necesaria y responsable”, como él mismo la definió. “Las encuestas no me hablan de una posición competitiva”, reconoció en rueda de prensa ofrecida ayer en el CEN del PAN. En la contienda interna quedan oficialmente cuatro: Vázquez Mota, Creel, Cordero y González Márquez. En realidad son tres. Se da por hecho que el gobernador de Jalisco se bajará cuando considere que puede negociar su salida. El Yunque, su principal apoyo, está fracturado. Uno de sus principales operadores, el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, respalda a Cordero.
¿Hacia dónde van a jalar los lujambistas? Lo natural es que se sumen a Cordero. Es el candidato de Felipe Calderón. Los cálculos internos proyectan que, con Alonso fuera de la contienda, el secretario de Hacienda subirá, por lo menos, hasta 15 puntos en las preferencias electorales.
Juan Ignacio Zavala, Mariana Gómez del Campo y Fernando Rodríguez Doval eran los principales apoyos de Lujambio. No dieron línea. “Cada quien es libre de elegir la vía que quiera. No hay paquete”, recalcó uno de ellos.
Si no hay un cambio de última hora —en San Lázaro nunca se sabe—, un salomónico acuerdo destrabaría las complicadas negociaciones para elegir a los presidentes de los dos órganos de gobierno en la Cámara de Diputados.
PRI, PAN y PRD se dividirían la presidencia de la Mesa Directiva en el año legislativo que se inicia. Cuatro meses por grupo parlamentario. La Junta de Coordinación Política, esa sí, le correspondería a los amarillos, salvo el periodo que ocupe la Mesa. “Es el escenario más probable”, nos dijo ayer una fuente parlamentaria de alto nivel.
En el Palacio Legislativo ya se habla de la posibilidad de que el mexiquense Emilio Chuayffet pudiera ocupar la presidencia de la Mesa en el periodo que le corresponda al PRI. “Podría ser una excelente opción, es totalmente Peña Nieto”, precisó la fuente. Hay maniobras en la cúpula parlamentaria de ese partido para evitar el regreso de Beatriz Paredes o la permanencia de Jorge Carlos Ramírez Marín en ese cargo. La tlaxcalteca y el yucateco, sin embargo, no parecen tener mucho interés. Traen otra agenda para el futuro.
En el PRD hay también bronca interna. Los obradoristas pugnan por que sea Alejandro Encinas, quien anunció que regresa a su curul el 1 de septiembre, el que vaya a la presidencia de la Mesa. Guadalupe Acosta Naranjo, integrante de Los Chuchos, habría quedado descartado, en una votación realizada el pasado viernes, durante la plenaria del grupo, en Morelia, Michoacán.
El PAN no reclama ninguna de las dos presidencias. Ya las ocupó alternativamente, en esta Legislatura.
El PRI no quiere que el PRD encabece la presidencia de la Mesa los primeros cuatro meses de la Legislatura, pero tampoco los últimos. Y es que en el lapso de septiembre a diciembre se discute el paquete económico para 2012. Buscan evitar que los amarillos, identificados con AMLO, cobijen movilizaciones externas para llevar agua a su molino.
Una de las funciones del presidente de la Mesa es, precisamente, contener a los grupos de fuera. El presidente tiene la facultad de llamar a la fuerza pública, en caso necesario. “El PRD no garantiza, por ejemplo, que los del SME no se metan al Palacio Legislativo y boicoteen la sesión. Mucho menos que echaría mano de la policía, si así lo requiere la situación”, explicó un legislador del PRI. Los últimos cuatro meses corresponden al periodo electoral. Allí tampoco hay confianza en el PRD. El presidente de la Mesa puede dificultar la instalación de la nueva Legislatura —a él le toca convocar a la sesión— o admitir juicios políticos contra gobernadores. “Estamos obligados a blindarnos”, dicen en el tricolor.
Hablamos brevemente con Raúl Plascencia, titular de la CNDH, sobre la Ley de Seguridad Nacional. Dice que el controvertido ordenamiento, rechazado por diversas ONG y la izquierda, debe aprobarse de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales. El ombudsman no dudará en presentar una acción de inconstitucionalidad, si considera que la LSN amenaza garantías individuales. La ley, advirtió, “debe conciliar el cumplimiento del deber con los derechos humanos”.
Le preguntamos si no es tiempo de dar cobertura legal a la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narco. “Sin duda que la labor debe quedar reglamentada, dentro del marco de la constitucionalidad, cada quien haciendo lo que le corresponde”, remató.