La patética, vergonzante e indignante imagen de dos mujeres, estrellas fugaces de la televisión mexicana, insultando, humillando y en los hechos sometiendo a un policía de la Ciudad de México es un fiel reflejo del estado que guarda la seguridad pública en el país.
Es, en resumen, la caricatura dolorosa de la comisión de delitos por parte de los criminales y de impunidad solapada por las autoridades municipales, estatales y federales. Si se puede traficar con drogas, matar, torturar, extorsionar, robar, defraudar, vender y comprar piratería, provocar incendios, bloquear carreteras y nada pasa, ¿por qué no se puede vejar a un policía? O al revés.
Si ya sé, hasta mis amigos me lo han dicho, que no es lo mismo matar que insultar, que no es lo mismo traficar con drogas que pasarse un alto, que no es lo mismo defraudar al fisco que no pagar el agua... Por supuesto que la gravedad y las consecuencias de la falta son diferentes, pero el hecho es el mismo: se quebranta la convivencia social. No se trata ni de moralismo ni de represión, como creen autoridades como las del Distrito Federal, se trata del respeto a la ley y de las consecuencias para quien la viola. Los castigos, por supuesto, las leyes lo establecen así, son diferentes. El problema es que no se aplican en la mayoría de los casos: ya se sabe que 98% de los delitos cometidos quedan impunes.
Hoy, el país está de luto; los ciudadanos nos decimos estupefactos, conmovidos, asustados, indignados por el espeluznante crimen contra más de 50 inocentes que asistían a un casino de Monterrey, al que criminales rociaron de gasolina y provocaron un incendio. Las autoridades del municipio, del estado y federales lamentan, condenan, amenazan, prometen, pero antes se culpan entre ellos y evitan comprometerse. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, de inmediato dijo que era un asunto del que debía encargarse la PGR, la autoridad federal, la misma a la que se le pide el cambio de estrategia que, de acuerdo con sus críticos, consiste en retirar al Ejército y a la Marina de la lucha contra el crimen organizado y a la Policía Federal de los estados y de sus ciudades, para que —es de suponerse— las policías estatales y municipales los combatan.
Es fácil predecir, ojalá y esté equivocado, que la muerte de 52 inocentes en Monterrey quedará impune como de impunidad gozan todavía los autores de la balacera en las inmediaciones del estadio de Torreón, de la balacera y asesinato en la entrada de una escuela primaria en Ciudad Juárez, de los crímenes en Acapulco, por citar espeluznantes hechos de una sola semana. Tiene razón Alejandro Martí cuando afirma que la responsabilidad de los delitos es de los criminales como la impunidad es responsabilidad de las autoridades. ¿Quién lo desmiente?
La aberrante situación que vivimos los mexicanos es corresponsabilidad de todos nosotros. Criminales, autoridades y población en general somos productos del mismo sistema. En nosotros, el Estado mexicano hizo cuantiosas inversiones: en educación, en salud, en infraestructura para su disfrute, en subsidios diversos, bueno hasta en desayunos escolares. ¿En dónde estuvo la falla? ¿Cuál es el origen del fracaso?
Los presuntos expertos en seguridad pública sostienen que la actual estrategia gubernamental de combate al crimen debe cambiarse. Es cierto, hay que decir que a la luz de los hechos no ha sido ni eficaz ni eficiente; que la inseguridad es insoportable. Sin embargo, cuando a esos mismos supuestos expertos se les pregunta como sustituirla, contestan de inmediato con una muletilla políticamente correcta: con educación. ¡Ah! ¿Cómo?
Sin necesidad de recurrir a la estadística, y más allá de los fracasos en pruebas internacionales, hoy existe el mayor número de mexicanos con estudios en el extranjero en toda la historia; el número de estudiantes y egresados de universidades públicas y privadas (más allá de los rechazados) es el mayor desde siempre; las autoridades presumen que la cobertura de educación básica (primaria y secundaria) es total. ¿Entonces?
¿Educación equivale a acumulación de conocimientos? Parece que no, aunque podría ser una buena base. Quizás los mexicanos hemos decidido que somos buenos padres cumpliendo con enviar a los hijos a la escuela y si es al extranjero mejor. Pero, ahora pareciera que la educación está en la casa, no necesariamente en las aulas. Se trata de valores (cívicos, laicos, humanos, para que no se les descalifique porque se trata de moralinas religiosas). Podríamos empezar por inculcar el valor del respeto a la ley. Hoy mismo, sin esperar a que lo haga el vecino para hacerlo yo, y exigirlo a la autoridad. El riesgo de no hacerlo es que tengamos hijas —en el mejor de los casos— como las ahora conocidas como las ladies de Polanco.
CAMBIO DE VÍAS.- Ante sus imprudentes propuestas, el ex presidente Vicente Fox tiene la obligación moral de informar y explicar a los mexicanos por qué no propuso durante su mandato la legalización de las drogas y si pactó o intentó pactar con grupos criminales; de haberlo hecho: ¿en que consistió ese pacto y a cambio de qué? De no hacerlo sus palabras serán mero artificio mediático.