Neoliberalismo vs. Ciudadanos

Los mercados financieros —el “Uno por Ciento” de los banqueros y administradores de los fondos de dinero que manejan esos mercados— y los políticos, como Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, que representan sus intereses, continúan doblegando al gobierno español, al obligar al PSOE y al PP a reformar la Constitución sin un referéndum, es decir, al margen de la voluntad de los ciudadanos. Para calmar a los que manejan los mercados financieros —el “Uno por Ciento”—, la Constitución reformada le pondrá un techo al déficit público, como exige Alemania.

Ya el Tratado de Maastricht (1992) establecía, no solamente la unidad monetaria plasmada en el euro, sino también la constitución de un banco central europeo, medidas  que le arrebataban a los gobiernos nacionales la soberanía de su política monetaria y además establecía los límites del déficit público al que se debían someter todos los gobiernos de la unión, restándoles también soberanía en materia de política presupuestaria y, por lo tanto, incapacitándolos para tomar medidas anticíclicas y anti-especulaciones financieras.

El Estado mexicano, “niño prodigio” del neoliberalismo y, por lo tanto, del “Uno por Ciento”, desde hace más de 25 años, publicó el 30 de marzo de 2006 una ley llamada de Responsabilidad Hacendaria, en cuyo artículo 17 establece que el Congreso de la Unión deberá defender el equilibrio presupuestario. La consecuencia de esta ley es que los gobiernos mexicanos no tienen la más mínima posibilidad de dictar políticas contracíclicas. En palabras sencillas, esto quiere decir que ante crisis como las de septiembre de 2008 o agosto de 2011, el gobierno no puede ejercer recursos que estimulen la demanda para evitar la quiebra de las pequeñas y medianas empresas y el enorme desempleo que esa quiebra genera. En la década de los 30, el gobierno de Roosevelt en Estados Unidos —a partir de la teoría económica de Keynes—, a diferencia del neoliberalismo, llegó al grado de pagar para que la gente hiciera hoyos y luego los volviera a tapar, con tal de que hubiera demanda suficiente para que las pequeñas y medianas empresas no quebraran y la gente volviera a tener empleo.

El dominio del “Uno por Ciento” sobre los gobiernos, los lleva  a colocar los pingües intereses de los capitalistas financieros sobre los salarios de la mayoría de la población. En México, el Fobaproa constituido por Ernesto Zedillo y votado por la mayoría del Congreso, salvó a los banqueros afectados por la crisis de 1994-95, a costa de la quiebra de muchas pequeñas y medianas empresas y de los ahorros de decenas de miles de familias. A la fecha, los ciudadanos pagamos, con nuestros impuestos, año con año, decenas de miles de millones de pesos, solamente a cuenta de los intereses generados por el compromiso contraído con los banqueros por el Estado mexicano. Impuestos que deberían estarse yendo a las universidades públicas para que, ampliándose, pudieran recibir más jóvenes que ahora se quedan sin educación y yéndose a créditos —a  tasas decentes y a largo plazo— para las pequeñas empresas que pudieran generar empleo para un bono demográfico que se está desperdiciando en la emigración y quizás en la delincuencia organizada.

El neoliberalismo mexicano ha caminado estrechamente de la mano de las reformas que han construido un edificio institucional muy sofisticado de democracia representativa, conducida por los medios masivos de comunicación. Sin embargo, muchos de los políticos cuyos intereses radican en la participación en alguno de los pisos de ese edificio, han obstaculizado el proceso de construcción de una ciudadanía plena que constituiría los cimientos sólidos de un sistema político representativo más democrático en la Ciudad de México. El viernes pasado, en la Asamblea Legislativa, tuvimos que hacerle reformas a la Ley de Participación Ciudadana, porque varios de los jefes delegacionales y de altos funcionarios del gobierno central no dispusieron a tiempo de los recursos que los ciudadanos —en el proceso de presupuesto participativo— habían destinado para resolver los problemas más sentidos de sus colonias.

Quienes promovimos y redactamos la Ley de Participación Ciudadana, somos conscientes de que, al tratarse de una fractura de los viejos y estrechos paradigmas de la representación política, para introducir en el régimen político de la Ciudad un nuevo paradigma —el de la participación ciudadana al margen de los partidos—, estamos afectando intereses muy arraigados y, por lo tanto, tendremos que ir haciéndole pequeñas reformas a la ley, con objeto de que se adecúe al empuje del propio movimiento ciudadano y a las correlaciones de fuerzas favorables que, poco a poco, vamos logrando al interior del régimen político vigente.

Lo que está sucediendo con el movimiento 15-M de los indignados en España, con el de los estudiantes en Chile y —con menor intensidad— con los comités ciudadanos en la Ciudad de México, nos estamos dando cuenta de quiénes son los protagonistas de un cambio verdadero en nuestras sociedades, ante los problemas enormes generados por el neoliberalismo y las deficiencias e insuficiencias de la democracia representativa.