La internacionalización de nuestros derechos

México se aproxima a un cambio de cultura paradigmático sobre el entendimiento de los derechos humanos. Con la reforma constitucional que se publicó hace poco, se amplía consistentemente el marco jurídico de protección del que podemos gozar todas las personas en nuestro país.

Esta reforma incorpora a nuestra esfera jurídica los derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que seamos parte y extiende así el marco normativo imperante para su observancia y aplicación.

La reforma prevé también que, para su correcta aplicación, el Poder Legislativo deberá expedir y modificar diversas leyes en la materia en el año siguiente a su publicación. Estos nuevos preceptos deberán darle un marco operativo a los derechos fundamentales, de los cuales somos sujetos y que así reconoce el Estado en distintos tratados internacionales.

La tradición jurídica de nuestro país, en este sentido, es histórica, primero con la ratificación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo con diversos tratados en la materia, después aceptando la jurisdicción de la Corte Interamericana en la década de los 90 y, desde hace algunos años, haciendo lo propio con el Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional).

Esto ha generado una dinámica que ahora se desenvuelve en una operación jurídica constante con las instituciones hemisféricas en la materia. Nuestra guerra contra el terrorismo (ya no se le puede calificar de otra forma después de la barbarie cometida en Nuevo León), con los riesgos que ha implicado una estrategia que intenta ser preventiva y tiene a miles de efectivos militares en las calles, ha provocado que en la Comisión Interamericana haya cientos de denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Por otro lado, la Corte Interamericana se encuentra también revisando diversos casos y atendiendo el correcto cumplimiento de las sentencias que ha dictado en contra del Estado mexicano por violaciones de esta naturaleza.

Así, hoy, las víctimas que no encuentran justicia en las instituciones nacionales, cuentan con estos mecanismos de control y reparación.

Sobre estos casos en particular y el amplio marco normativo que debemos cumplir internacionalmente en la materia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el CIDE y la Oficina del Alto Representante para los Derechos Humanos de la ONU en México, han creado una herramienta de gran utilidad: www.recomendacionesdh.mx.

En este sitio se pueden encontrar todos los informes y sentencias que hacen referencia a las obligaciones en cuestión, pero además está equipado con un buscador inteligente que precisa metodológicamente las acciones que se deben seguir para esto, así como su ámbito de competencia. El portal está abierto todavía durante este mes para recibir sugerencias para su perfeccionamiento.

Mecanismos como éste, la reforma constitucional y el proceso legislativo que está en marcha son parte de la nueva realidad que ya estamos enfrentando en la materia. Así, ahora, debemos adecuar nuestro marco jurídico a esta nueva coyuntura internacional y prepararnos para ello.

Sin duda, debemos sentirnos muy orgullosos de este nuevo entendimiento; tenemos al alcance más derechos y diversos mecanismos protección. Lo único malo es que no hay suficientes abogados expertos en la materia.

Paradójicamente, el reto entonces es formar juristas especializados, por lo que algunas de nuestras prestigiadas universidades e instituciones académicas tienen un gran nicho por cubrir y, de paso, también un buen negocio por hacer.