Promoción de ¿qué derechos?
El nuevo orden jurídico debe ser independiente del utilitarismo político practicado por maestros del tablero mundial.
El sistema internacional contemporáneo, azotado por persistentes vientos de incertidumbre e inmerso en desequilibrios que tienden a volverse permanentes, reclama un nuevo orden jurídico cuyo ideal es declararse independiente del utilitarismo político practicado por los maestros del tablero mundial.
En materia de derecho internacional de los derechos humanos, al cabo de más de seis décadas de edificación de un consolidado andamiaje sustancial y estructural y de una exhaustiva clasificación que ahora considera cuatro generaciones (derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de solidaridad, acceso de todos y todas a los conocimientos de la ciencia y tecnología), nunca se ofrecerá satisfacción a la comunidad de los hombres.
La barbarie con la que se cometen a diario violaciones a todos estos derechos, en prácticamente todos los países del mundo, a manos de los representantes del Estado o de grupos paraestatales, ignora todo de la protección y promoción de los derechos humanos.
La Magna Carta Libertatum (Inglaterra, 1215) fue uno de los primeros instrumentos donde el poder del soberano se veía acotado y por el cual se comprometía a respetar libertades religiosas y políticas.
Las revoluciones liberales del siglo XVIII (Estados Unidos y Francia) pugnaron porque el Estado reconociera las garantías fundamentales y los derechos del hombre.
Los crímenes cometidos en contra de la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) pusieron el dedo en un tema que se ha incluido desde entonces en la agenda internacional y ha permitido el desarrollo de un aparato jurídico para la defensa de estos derechos: el derecho internacional de los derechos humanos.
En materia institucional y desde marzo de 2006, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU procede cada cuatro años a un análisis detallado de la situación de los derechos humanos en cada uno de los Estados miembros (examen periódico universal) y comunica sus recomendaciones para lograr un mejor cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante la ratificación de los tratados internacionales en la materia.
En fecha reciente, queriendo responder a 83 recomendaciones de las 91 recibidas (EPU, 2009), entre otras, la de la armonización de la legislación interna con los múltiples compromisos internacionales contraídos en materia de derechos humanos, el presidente Felipe Calderón promulgó la reforma constitucional más trascendente, en opinión de Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, en materia de derechos humanos, al elevar a rango constitucional la protección de los derechos humanos y reconocer todas las garantías protegidas por tratados internacionales ratificados por México.
También, buscando por lo menos en materia legislativa proyectar una imagen renovada, el jefe del Ejecutivo federal promulgó la nueva Ley de Migración, esperando frenar la indefensión que sufren los indocumentados a su paso por el país.
Si la obligación de proteger y promover los derechos humanos de los habitantes de un país y de las personas que transitan en el territorio nacional es del Estado, el cumplimiento de la misma está debajo de los proyectores de la vigilancia internacional.
Mal haríamos en no celebrar estos avances legislativos.
Sin embargo y cuando la ONU parece admitir el principio de injerencia en caso de violación masiva a los derechos humanos (Sudán, Libia), obvio es que sin decidida voluntad política ni cabales políticas públicas, pensar en educar a la población para una reforma democrática es esfuerzo vano sin el respeto a sus derechos.
A buen entendedor pocas palabras.
Profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales, Universidad Anáhuac México Norte