A consideración

Después de que Carmen Rivas Nájera, madre de una de las víctimas de la discoteca New’s Divine, denunció que tendría que pagar casi un millón de pesos para obtener copias del expediente, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) nos comentan que los familiares que han denunciado estos hechos tienen razón al quejarse de los costos que implicaría sacar copias del expediente judicial.

Sin embargo, consideran que los afectados no deben perder de vista que ya se tienen más de 225 tomos, cada uno con alrededor de mil fojas, con los que se tiene ya poco menos de un cuarto de millón de hojas de las diligencias.

Los familiares están en todo su derecho, reconocen en el TSJDF, de querer tener el expediente en sus manos, ¿pero hay personal suficiente para fotocopiar los tomos? Sobre todo porque cada tomo está cosido para contener tantas hojas, esas son otras consideraciones que no se deben perder de vista.

Sobre este tema hay que tomar en consideración la propuesta del ombudsman capitalino, Luis González Placencia, al señalar que corresponde a la Asamblea Legislativa regular el cobro de copias que actualmente hace el Tribunal. Ojalá que, como en otras coyunturas, los diputados locales emitan un punto de acuerdo sobre “el particular”.

Lo fundamental, como han planteado otras voces, es encontrar el mecanismo que facilite y reduzca los costos de copias en casos tan complejos como el New’s Divine.

Sinrazones

Sin escuchar sus razones y con el respaldo de un oficio, cometiendo además un allanamiento de morada, personal de la Secretaría de Protección Civil del DF retiró el viernes pasado unos “tapiales” de una construcción que afectaba la vivienda de Adriana Zamacona, quien vive en el número 15 de Cerrada de Eugenia, en la colonia Del Valle.

La inconforme nos cuenta que dicha protección que montaron sin consentimiento alguno sobre su vivienda era la prueba contundente dentro de un juicio que inició contra la constructora de un edificio contiguo a su casa. Ahora la prueba ha sido retirada.

Lo desconcertante para Zamacona es que esta situación la había denunciado con Martín Flores Huerta, mando del Sector 2 en Benito Juárez, quien le aseguró que cualquier irrupción de Protección Civil en su propiedad representaba un allanamiento de morada, sin embargo, en los hechos, el policía la dejó desprotegida al igual que la fiscal, Yolanda García Cornejo, quien también señaló que procedería contra quienes ingresaran a esa propiedad. Al final, todo quedó en un dicho.