Más allá de la Ley de Seguridad
Esta legislación es importante por todo lo que se ha comentado pero no debemos perdernos en el objetivo: lo que debemos buscar es el fortalecimiento de las instituciones civiles lo más pronto posible. Para ello necesitamos un cambio de énfasis.
Llevamos muchos meses discutiendo una legislación que debió haber sido aprobada hace tiempo. Hablo de la Ley de Seguridad Nacional. Los asuntos que la iniciativa aborda ciertamente son delicados y nadie en su sano juicio hubiera querido que se tomaran a la ligera. Ni que se procesara en un fast track. La ley busca dar un sustento legal a la intervención del Ejército en tareas de seguridad interior. Una parte medular de la iniciativa es justamente la definición de dicho término y las circunstancias en que ésta se pondría en riesgo. La otra definición sustancial tiene que ver con quiénes y sobre qué bases se determinaría que existe una afectación a la seguridad interior que ameritara la intervención de las Fuerzas Armadas.
Las materias en las que ahonda la iniciativa ciertamente son delicadas. Una mala ley puede comprometer nuestras libertades y derechos fundamentales. La ausencia de la ley, por otro lado, deja vulnerables a las Fuerzas Armadas, en quienes hemos depositado las tareas de seguridad en regiones en crisis por incapacidad o infiltración de las fuerzas civiles. Ciertamente los puntos de contención entre opositores y detractores de dicha iniciativa no son fáciles de resolver y últimamente han subido de tono, pero las circunstancias actuales ameritan un esfuerzo de entendimiento y responsabilidad por parte de todos los involucrados.
La iniciativa ha pasado por muchas manos en el Legislativo, y en ese trayecto se le han adicionado algunas jorobas que la han convertido en un mal proyecto. Luego de tantas pasiones expresadas y del tiempo transcurrido, lo peor que nos podría suceder es que se acabara aprobando un Frankenstein que no dejara satisfecho a nadie: ni a las Fuerzas Armadas, ni a aquellos que estamos preocupados por los límites legales que debe tener todo ejercicio de fuerza y de autoridad. Puede ser que acabe, incluso, imponiendo tantos candados que la intervención de las Fuerzas Armadas se haga materialmente imposible. En este caso, más valdría quedarnos como estamos y tener el pudor de disculparnos por hacerlos operar en una situación francamente irregular.
Se apruebe o no la Ley de Seguridad Nacional, nuestros problemas de inseguridad seguirán siendo exactamente los mismos. La ley proveería un marco legal a lo que se ha venido haciendo. Pero el hecho de que no se apruebe, no cambiaría las cosas, por lo menos en el corto plazo. El Ejército no se puede retirar abruptamente de los lugares en que tiene presencia, simplemente porque es ahí donde las fuerzas civiles han mostrado su total incapacidad. Sería dejar en estado de indefensión a aquellos mexicanos más vulnerables ante el crimen, por habitar territorios en franca crisis. Y éste es el punto medular: las Fuerzas Armadas han desempeñando tareas de seguridad pública por más de cuatro años y su presencia transitoria se está convirtiendo en regular por la incapacidad de las instituciones civiles de reformarse y fortalecerse. Ya no estamos en el primer año del gobierno del presidente Calderón, cuando la dimensión del problema nos tomó por sorpresa. Estamos entrando en la recta final y, con algunas excepciones, nuestras capacidades institucionales en materia de seguridad y justicia siguen siendo prácticamente las mismas que al inicio de la administración. En lugar de estar hablando de cómo replegar al Ejército, seguimos discutiendo cómo “normalizar” su presencia en las calles. Qué fuerte.
En la fase final del gobierno de Calderón, no tenemos todavía un caso de éxito en que las fuerzas federales se hayan replegado por ser innecesarias o redundantes.Y no se vislumbra que tengamos uno en el horizonte cercano. Este hecho nos dice algo: lo primero, la estrategia contra el crimen ha sido muy estrecha en concepción y por tanto limitada en resultados. La segunda es que quizá la presencia federal esté generando el efecto de inhibir el desarrollo de capacidades locales.
La Ley de Seguridad Nacional es importante por todo lo que se ha comentado pero no debemos perdernos en el objetivo: lo que debemos buscar es el fortalecimiento de las instituciones civiles lo más pronto posible.Para ello necesitamos un cambio de énfasis en la política gubernamental y también en el debate público. Con todo el ahínco con que se discute sobre la Ley de Seguridad Nacional, deberíamos estar demandando el desarrollo de capacidades en los tres órdenes de gobierno. Esa es la gran tarea que los mexicanos tenemos frente a nosotros, el fortalecimiento del Estado en una acepción amplia. Una que incluya por supuesto el monopolio del uso legítimo de la violencia y las garantías a la vida y la salvaguarda del patrimonio de los individuos, pero también una definición más generosa que incluya la creación de oportunidades y los espacios de convivencia en armonía.
En el corto plazo, necesitamos a las Fuerzas Armadas y debemos agradecerles por su enorme servicio a la patria. Nuestra mira, sin embargo, debe estar puesta en el fortalecimiento del Estado en el marco de nuestra naciente democracia.
*Directora de México Evalúa