Viaducto Bicentenario, una disputa política

No es fácil entender por qué hasta ahora brincó el conejo en el caso del Viaducto Bicentenario, pero la contingencia financiera que enfrentaría el Estado de México superaría los 11 mil millones de pesos.

Dicen que cuando Galicia Abogados SC realizó la auditoría legal para el concesionario OHL, que dirige José Andrés de Oteyza (el abogado fue Arturo Perdomo), jamás dudó de la concesión que extendía el gobierno del Edomex y no se revisaron sus antecedentes.

La prioridad es tal, que estuvo en el Distrito Federal Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones mexiquense para entrevistarse con los firmantes del oficio para iniciar el diálogo.

Por cierto, el gobernador que no acordó la modificación del derecho de vía federal a local fue Gustavo Baz Prada, ni lo hizo ninguno de los sucesores porque el gobierno federal es quien corre con el gasto de mantenimiento desde 1958, cuando inició la ampliación de la carretera de dos vías a la del Periférico de 12 carriles por donde transitan diariamente 340 mil vehículos.

Y mire, tal es la preocupación entre mexiquenses que difundieron su otra disputa disque para impedir o anular la ampliación a 50 años de la concesión de la carretera Chamapa–Lechería que extendió la SCT de Dionisio Pérez-Jácome al grupo Ideal.

Esta carretera fue construida a finales de los años 80 y se puso en operación justo cuando inició la administración Salinas. En 1991 se extendió la concesión a Tribasa de David Peñaloza (el papá) y para 1997 se rescató como parte del FARAC. En el año 2000 fue adquirida por Grupo Financiero Inbursa y la concesión se extendió hasta agosto de 2024 al operador Vías Troncales SA, hasta Chamapa y de ahí a Lechería la administra Capufe. Este periodo de concesión se amplió a 50 años, concluye en 2044 y tiene un financiamiento de Credit Suisse. Resulta que el gobierno del Estado de México, avisado del chaparrón del segundo piso, presentó juicio de nulidad ordinario civil para revertir la ampliación de la concesión otorgada en la Chamapa–Lechería, reclamando que en el convenio original (que se suscribió con Ignacio Pichardo Pagaza en 1989), el gobierno federal se obligaba a traspasar el activo al Edomex al término de la concesión de 20 años, en lugar de volverlo a licitar. Ahora es una de las carreteras de cuota más maduras y rentables, pues genera ingresos por la friolera de ¡mil 151 millones de pesos anuales!, de ahí que si el gobierno estatal la recupera para sí, podría tener flujos para pagar otras deudas, ¿no cree? ¿Imagine cuánto dejará el Viaducto Bicentenario en etapa madura?, si ya hoy tiene una rentabilidad de siete por ciento. Se puede imaginar el efecto que esta disputa, que en el fondo es de política-política, pero en el superfondo es de ¡muchos fondos!

Como sea, tal era el supuesto desconocimiento de las debilidades jurídicas de quien otorgó la concesión del Viaducto Elevado del Bicentenario, que el pasado 21 de junio, OHL informó a la BMV de Luis Téllez que había recibido la primera modificación del título de concesión que el gobierno del Estado de México le entregó en mayo de 2008 y que tiene un plazo de 30 años, y los ajustes de la concesión se refieren a las obras aledañas y de conexión de esta vía, que por cierto ofrece una tasa interna de retorno de la inversión de los españoles de 7%, la menor comparada con el resto de sus concesiones, para que pudiera darse un flujo constante de los autos que ingresan al Distrito Federal desde el Estado de México.

Hoy, OHL el concesionario, analiza junto con sus bancos fondeadores el impacto que tendrá esta disputa que más allá de sus características políticas, creo que será la más importante negociación presidencial en la actual coyuntura política.

De Fondos a Fondo

Comienzan a calmarse las aguas entre los bancos comerciales y entre los gobiernos de los estados afectados por altas deudas de mala calidad subnacional. Por lo pronto, en Coahuila el Congreso ayer aprobó que pueda asumir 33 mil 867 millones de pesos en deuda. Además, aunque S&P y Fitch le bajaron la calificación de mxA+ a mxBBB- y, A+ a BBB-, ese rango de calificación es suficiente para que bancos comerciales y Banobras de Georgina Kessel, le reestructuren su deuda.

Por cierto y hablando de bancos, la semana que entra, la CNBV, que preside Guillermo Babatz, difundirá las nuevas reglas para calificación de cartera de estados y municipios y el modelo que ha integrado.

De entrada, en un ejercicio realizado sobre todas las entidades financieras y no calibrado el modelo les exige muy poco de capital y reservas.

Tenemos entendido que habrá una serie de reuniones con autoridades de la Secretaría de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para aclarar a cada banco y al conjunto, el tema, porque con lo de los endeudamientos estatales, a todos les hace ruido.