¿Y la soberanía, apá?

No es la primera vez que conocemos el intervencionismo de fuerzas extranjeras en labores de Seguridad Pública, en especial de los estadunidenses. Se han confirmado operaciones como Rápido y Furioso, para la incursión de armas en nuestro país; la del banco Wachovia, en operaciones de lavado de dinero del narco; los sobrevuelos en territorio mexicano de naves no tripuladas, y hasta la supuesta intromisión de ejércitos de mercenarios privados conocidos como XE Services o Blackwater, famosos por su reputación en Irak, aun cuando esto último no ha sido comprobado.

El escándalo, del que el actual gobierno es objeto, es sobre un convenio signado por los gobiernos de México y Estados Unidos, en el que agentes de la CIA y de la DEA actuarían en varias operaciones en materia de seguridad en territorio nacional. De comprobarse, significa un acto de ilegalidad, pues se necesita la autorización del Senado, pues para tal efecto el artículo 76 fracción III establece en las facultades exclusivas del Senado, autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional (…) dado que las labores de seguridad pública son funciones exclusivas de la Federación, de los estados, Distrito Federal y municipios, según el artículo 21 y el 115 de la Constitución. En consecuencia, este acto constituye un atraco a nuestra soberanía.

Ninguna nación ha aceptado la intromisión de ningún gobierno en sus asuntos privados sin previa autorización y más en un tema tan delicado como lo es el de la seguridad, que nos llevaría al camino de la subordinación, ante la incapacidad del actual gobierno de actuar con contundencia en contra de la delincuencia organizada.

El actual gobierno no puede guarecer estas acciones a la letra chica de los tratados; la verdadera cooperación debe de ser establecida en el marco de la legislación federal cuidando en todo momento la Constitución y el Estado de derecho. De lo contrario los convenios, acuerdos e iniciativas, como lo es el Plan Mérida, deberían tener una rigurosa revisión.

¿Por qué se atenta contra nuestra soberanía? Han habido voces que dicen que este precepto debería estar en desuso, dado la emergencia que vivimos, o que es caduco; al final la idea es pelear con todas las herramientas posibles contra la delincuencia organizada.

Jorge Carpizo estableció atinadamente que “la globalización, ha provocado diversas transformaciones en el concepto de soberanía, en tanto que el Estado se ha visto afectado en sus límites y control en su interior y exterior, aunque sin duda su papel (el de la soberanía) en las relaciones internacionales sigue siendo irremplazable”.

La soberanía es per se el fundamento más importante de la autodeterminación, de la nacionalidad y de la facultad de un pueblo para su libre toma de decisiones políticas, y con plena independencia; o como lo decía Herman Heller, “la soberanía es la capacidad tanto jurídica como real de decidir de manera definitiva y eficaz todo conflicto que altere la unidad de la cooperación social territorial”.

Es cierto: no nos debe de escandalizar la presencia de agentes y de agencias de seguridad, porque tampoco es un tema nuevo, pero mientras estén dentro del marco de la ley y de nuestra Constitución. El artículo 41 de nuestra carta magna dice: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de competencia de éstos, y por lo de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores”, y apunta: “En ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal”.

Tenemos que saber las acciones, los recorridos que hacen, el acceso a qué información confidencial han tenido que pudiera vulnerar nuestra seguridad, y en especial si cuentan con la anuencia de qué organismos y de qué secretarías para este efecto. Se necesita una explicación real, no podemos ser permisivos ante esta realidad; de comprobarse, tenemos un grave problemática: vivimos en un país con una división de poderes en el que si se llegara a evidenciar este ilícito, el responsable habría logrado la ruptura en ese equilibrio.

Estamos de acuerdo en que se utilicen todas las herramientas en contra de este flagelo que nos tiene sumidos en una espiral delincuencial a la que no logramos ver una salida rápida, en lo que no se puede estar de acuerdo es que nuestros vecinos quieran vulnerar los derechos de los mexicanos, poner en duda el Estado de derecho. La cooperación, no es sinónimo de intervencionismo, nuestra soberanía no es moneda de cambio.

* Diputada federal y secretaria general del PRI