¿Quién manda en el Estado?

Octavio Paz nos advertía hace casi 20 años que México estaba ante el riesgo de que los llamados “poderes fácticos” se decidieran a “usurpar” los principales espacios de decisión del Estado. El riesgo era mayor, advertía el poeta, porque de hacerlo sería soterradamente y bajo un modelo de apariencia democrática que podía llevarnos a tentaciones autoritarias de perniciosos efectos para la mayoría de la población.

Así, es preciso advertir que el Estado ha perdido la mayor parte de sus instrumentos para regular efectivamente al mercado; que ha perdido el control y la capacidad de garantizar la seguridad pública sobre diversos territorios en los que los decisores son los “barones de horca y cuchillo; y que se ha mutilado de los recursos con que contaba, para intentar brindar niveles mínimos de bienestar.

Por su parte, el fracaso social de la República pone a diario en tensión la legitimidad de la democracia, pues el reclamo generalizado se centra en señalar que hoy el voto vale más, pero que la gente simplemente come menos.

En ese sentido, es tiempo de atrevernos a discutir si efectivamente los procedimientos establecidos por la Constitución garantizan el carácter democrático de las instituciones estatales y, en consecuencia, si existen los candados suficientes para cerrar la puerta a intereses que actúan en detrimento de la mayoría.

Ante el desorden generalizado que existe en el entramado institucional, es hora de cuestionar quién toma realmente las decisiones en el país. Es decir, ¿realmente se legisla en San Lázaro o este espacio ha sido reducido a una “sala de legitimación” de los acuerdos que se toman en “otra parte”? ¿La planeación del desarrollo nacional realmente se piensa y se construye en las secretarías de Estado o éstas han sido también circunscritas a ser meras oficialías de partes de los intereses en disputa por el país?

La crisis global nos ha situado en una disyuntiva sin precedentes y es momento de situarse a la altura de los retos que tenemos enfrente. Esto es así porque no podemos darnos el lujo de ser la “generación del fracaso”. No podemos permitir que el país y los anhelos de una nación incluyente se nos vayan de las manos, porque fuimos incapaces de darle un profundo sentido de justicia a nuestra República.

Desde mi perspectiva, el primer paso consiste en asumir que el pacto social está agotado; que las instituciones están desbordadas y que ni el mercado ni el Estado están funcionando adecuadamente para garantizar que las personas tengan acceso a lo elemental necesario para trabajar, curarse y educarse con dignidad.

Superar con éxito los dilemas que nos aquejan implica asumir con arrojo la responsabilidad de construir un rescate social de México, pues no podemos ser omisos ante la descomposición de las instituciones y, menos aún, ser testigos mudos de la catástrofe que se expresa en la realidad que padecen más de 50 millones de personas en pobreza.

Preguntarnos quién manda actualmente en el Estado puede abrir una nueva ruta de discusión y, sobre todo, darnos la posibilidad de construir nuevas respuestas porque, en ello, nos va la posibilidad de darle sentido y visión a un proyecto de país para la equidad y la inclusión, en un entorno global que cambia rápidamente, incierto, y que no nos da ya referentes para pensarnos desde fuera.

            *Director del CEIDAS, A. C.