Reforma hacendaria y seguridad.
La propuesta central del documento Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y justicia en democracia tiene que ver con realizar un pacto político y social de los diferentes actores que ejercen el poder en nuestro país.
Sin lugar a dudas resultan muy interesantes todos los puntos que contiene el documento emitido por la UNAM Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y justicia en democracia, a propósito de la violencia e inseguridad que vive el país, pero son tres puntos que deseo resaltar de este documento: el primero es referente al análisis que se hace sobre la política de prevención del delito, el segundo tiene que ver con la participación del municipio y el tercero es referente al asunto de lo financiero.
La propuesta central del documento tiene que ver con realizar un pacto político y social de los diferentes actores que ejercen el poder en nuestro país, no es nueva la propuesta pero, aún cuando el documento evidencia el crecimiento de los delitos federales y de fuero común, hoy más que nunca se ve lejana esa alternativa considerando que ya estamos en el preámbulo de la carrera electoral hacia 2012 y los actores políticos están en su propia perspectiva.
Pero, pensando optimistamente, algunos puntos de ese documento —aún sin realizarse ese pacto integral— podrían avanzar, es el caso de los tres puntos arriba mencionados ya que en días pasados, escuchamos el planteamiento del presidente del PRI, Humberto Moreira, respecto a que antes de hablar de otras reformas se requiere una hacendaria.
El PRI tiene mayoría en la Cámara de Diputados, y como estamos hablando de que esta reforma le otorgaría mayores recursos a los estados de la República, lo más lógico es que todos los partidos se sumaran a ella.
Es en este contexto que podrían generarse mayores recursos para lograr combatir la inseguridad desde el ámbito estatal y municipal y con ello reestructurar la estrategia de seguridad pública nacional.
Pero enviar más recursos a los Estados implica, por una parte, replantear la estrategia de seguridad pública, es decir, invertirle mayores recursos al combate de los delitos comunes, a la prevención y, sobre todo, al fortalecimiento del papel del municipio, porque es desde este último ámbito de competencia, desde donde se puede tener mayor éxito en la organización de la participación ciudadana para evitar la comisión de delitos o disminuirlos. Al día de hoy, según datos de ese mismo documento, los delitos del fuero común denunciados diario, pasaron de cuatro mil a cuatro mil 500, considerando, además, que sólo uno de cada cinco delitos se denuncia y de esos denunciados únicamente cinco por ciento de averiguaciones previas son consignadas.
Por otra parte, enviar mayores recursos a las entidades implica que haya un cambio respecto a la rendición de cuentas. Hace algunos días los medios de comunicación daban cuenta, precisamente, de que se les suspenderían recursos para la seguridad pública a algunos municipios toda vez que no habían justificado adecuadamente el gasto de lo otorgado con antelación.
Es decir, puede haber muchos argumentos para priorizar una reforma hacendaria, una de ellas es este asunto de la seguridad pública y el combate a la violencia pero, junto con esta reforma, el PRI tiene que otorgar su voto para otras que son fundamentales para fortalecer la democracia en nuestro país, una de ellas es la rendición de cuentas de los gobernantes, porque si bien es cierto que a nivel Federal los mecanismos se han ido perfeccionando para dar seguimiento al gasto, no es lo mismo en los estados de la República en donde muchas veces ni siquiera se han homologado los cambios realizados a la norma constitucional para elegir a los encargados de los órganos auditores, incluso, muchos siguen siendo propuestos por el propio gobernador convirtiéndose en un cómplice más que en un vigilante de los intereses ciudadanos.
El debate legislativo en torno al presupuesto será uno interesante, no sólo en la medida de que se logre reformar la ley hacendaria para establecer una nueva forma de distribuir los recursos públicos, sino en la medida de los controles que deben establecerse para el gasto público y el seguimiento de los resultados de los gobernantes que ejercerán esos recursos, un termómetro que será, sin lugar a dudas, el resultado en el combate a la inseguridad y la violencia que sufren algunos estados como Guerrero, Chihuahua y Nuevo León, principalmente.
*Maestra en derecho constitucional por la UNAM