Retroceso en Coahuila
Los gobiernos federales panistas han descentralizado enormemente los recursos públicos a estados y municipios.

Juan José Rodríguez Prats
Política de principios
Para bien o para mal, la historia no es lineal ni progresiva, el mañana puede no ser mejor que el ayer. La historia se hace todos los días y del hombre depende que los resultados sean benéficos. En la tierra de Madero el demócrata y de Carranza el constitucionalista, es indignante y triste observar el enorme retroceso que se está dando.
El gobernador electo de Coahuila fue impuesto por su hermano en el más descarado nepotismo y en una campaña en la que corrió el dinero a su favor. Conocidos son los casos de corrupción de personas cercanas a Humberto Moreira, lo cual permite presumir que son testaferros. Ahora empieza a aflorar la grave crisis de esa entidad, claramente manifiesta en sus finanzas (ya se anunció la reducción de programas cuya continuidad se ofrecía en las campañas). Lo que era un resultado electoral totalmente favorable al PRI, empieza a revertirse al percibir la ciudadanía el enorme engaño y la demagogia.
Adicionalmente se implementan inusuales medidas para retornar al autoritarismo, destruyendo a una incipiente democracia:
• Se oculta la inmensa deuda que, según datos de la SCHP (ver la página www.transparenciapresupuestaria.org.mx), es la más alta del país per cápita, pues debe 31 mil 973 millones de pesos, cuando su presupuesto anual es de poco más de 44 mil millones.
• Diputados del PRI y del PRD aprueban una aberración jurídica que permite al Ejecutivo la posibilidad de endeudarse, sin autorización del Congreso, hasta por 360 días. Se despoja así al Poder Legislativo de su función de control y supervisión del gasto público. Mi reconocimiento a la actitud de los diputados panistas Esther Quintana, Rodrigo Rivas y Miguel Batarse, quien declaró: “Si por tener la mayoría hacen lo que quieren, ahora que puedan tener deuda sin consentimiento del Congreso (…) habrá más opacidad”.
• La legislación electoral atenta contra la participación ciudadana, además de pulverizar y debilitar a la oposición, al romper los criterios elementales de justicia política y de proporcionalidad. Baste decir que el PAN, con 37% de votación, solamente tendrá dos diputados en la próxima legislatura.
Los gobiernos federales panistas han descentralizado enormemente los recursos públicos a estados y municipios. En 1999, recibieron 546 mil millones; en 2011, recibirán casi el doble, poco más de un billón. Pero no ha sido suficiente, se han endeudado a grado tal que las calificadoras ya están dictaminando en forma negativa las finanzas estatales, mientras que los bancos han reducido sus préstamos a este sector. Y todavía el flamante presidente del PRI se reúne con gobernadores para formar un frente para que se les dé todavía más recursos para continuar con el derroche y el mal uso de éstos.
En mi anterior artículo hablaba de la disfuncionalidad de nuestro federalismo. Es oportuno recordar que los diputados del PRI han evitado modificar la ley para que los recursos otorgados se sujeten a criterios mínimos de supervisión. Quieren los recursos sin comprometerse a rendir cuentas y sin estar etiquetados para ser usados a conveniencia de los nuevos señores feudales. De la fuerza centrípeta del anterior sistema, hemos evolucionado a una centrífuga que rompe inclusive con el pacto federal.
La calidad de una democracia exige una ciudadanía informada y participativa, es el sistema que más ética demanda, tanto de gobernantes como de gobernados. Los coahuilenses deben presionar con el mayor rigor a sus autoridades porque esa entidad ha caído en una grave incivilidad y está experimentando un severo retroceso. Lamentablemente el PRI, en lugar de castigar a quienes en su desempeño han incurrido en graves fallas, los estimula y alienta con ascensos y oportunidades políticas.
No es cierto que el PRI haya aprendido las lecciones del pasado y se haya reformado. Más bien, es peor de lo mismo.