Por una equidad sin cortapisas

En el último censo de población en el país se ubica a las mujeres con una proporción mayor, 2% más, con respecto a los varones. Es decir, hablamos de 52 por ciento. Desde una perspectiva de género, este dato nos revela mucho más que la simple cantidad numérica. A la luz del sistema de participación política instituido en México, esta igualdad de porcentajes en la distribución por sexos de la población mexicana evidencia un desbalance estructural, en el que justamente las mujeres hemos sido colocadas en situación de desventaja, por no decir de marginación.

Para muestra dos botones: la conquista del voto femenino, que no data de más de 60 años, fue producto de un largo proceso en el cual destacadas líderes feministas consiguieron —no sin resistencia varonil— el reconocimiento jurídico para participar en los asuntos públicos, con lo cual el derecho a decidir de 50% de la población implicó una lucha, en su sentido más literal, de más de medio siglo. ¿Qué factores determinaron esta lentitud en el reconocimiento de los derechos de la mujer?

Otro dato que refleja el desbalance estructural es el acceso a los puestos de toma de decisiones. Es hasta la década de los 90 que México incorporó las llamadas acciones afirmativas, las cuales representaron un paso muy decisivo para impulsar el derecho a la participación política de la mujer mexicana, vía la legislación electoral, a través de las llamadas cuotas de género. En ellas la pretensión fue establecer un mecanismo que logre  la incorporación, de forma obligatoria, de las mujeres a los cargos de elección popular. Dichas medidas representaron sólo el piso para el acceso de mujeres a puestos de toma de decisiones y no el techo como algunos sectores lo han hecho creer.

Si bien las cuotas de género significaron un sustancial avance, éste ha ido a cuentagotas, en tanto que en sus primeras formulaciones se establece una paridad de 70/30, modificándose al tiempo a un 60/40 en el límite de participación por sexo, donde la tradición o, para decirlo sin ambages: la sociedad patriarcal, marca que son los varones quienes ocupan los cargos en proporción mayoritaria, correspondiendo a las mujeres la cuota mínima. Con lo cual surge de nuevo la pregunta: ¿Qué determinan esas proporciones, si la intención es, cuando menos a nivel de la forma, impulsar la igualdad de oportunidades entre los sexos para la elección de cargos públicos? Para ampliar este otro botón de muestra hay que destacar que en la reciente reforma política  hemos sido excluidas de su discusión al no aceptar la paridad del 50/50. ¿Se impuso de nuevo la sociedad patriarcal?

Sin duda se han dado trasformaciones hoy en día, que brindan un mayor margen de participación política a las mujeres. Margen que ha permitido evidenciar que la democracia plena implica abrir los espacios a las mujeres y a los hombres en igualdad de circunstancias, sin escamoteos, sin simulaciones, sin las lamentables Juanitas.

De lo que se trata es de dar paso  a una sociedad incluyente, a una sociedad que sepa aprovechar lo mejor de sus pobladores sin distingo de sexo, es decir, una democracia de ciudadanos. ¿Hasta cuándo esta sociedad patriarcal?

            *Senadora de la República          por el estado de Nuevo León