Fondos disidentes de Vitro ponen interventor y meten presión al conciliador

Efectivamente, los próximos serán días claves en el derrotero del caso de Vitro, cuya reestructuración financiera va para tres años en proceso de negociación sin que se observen visos de un entendimiento entre la empresa y sus tenedores de bonos en el extranjero.

La juez Cuarto de Distrito de Materia Civil y Laboral del Estado de Nuevo León exigió al conciliador, Javier Navarro, que se pronuncie con relación a las objeciones y preferencias que hicieron valer los acreedores disidentes dentro de este expediente.

Obviamente el experto del Ifecom, que dirige Gricelda Nieblas, deberá externar su personal opinión sobre dichos puntos y la autoridad judicial tendrá que resolver si dicho pronunciamiento se encuentra apegado a derecho, o si por el contrario el mismo resulta infundado.

Ya en otras ocasiones la autoridad judicial le ha negado a Navarro diversas peticiones que según él están fundadas en la ley concursal, por lo que las consideraciones que emita el conciliador de ninguna forma constituyen un lineamiento para la autoridad judicial con respecto a los planteamientos de objeción y preferencia que se han hecho valer. La falta de cumplimiento de esas obligaciones puede implicar responsabilidad para el conciliador, incluso su remoción por no estar cumpliendo con su trabajo.

El mismo Navarro acaba de convocar a los acreedores disidentes, léase los fondos Aurelius, Elliott y Moneda, entre otros, a una reunión el 15 de Agosto. Se buscará conciliar los intereses del consorcio de Adrián y Federico Sada con estos fondos acreedores. Según trascendió, se espera que haga una oferta de pago, justificando las posibilidades económicas que tiene la empresa para hacerlo. Paralelamente, la misma jueza Sandra Elizabeth López Barajas acaba de autorizar la designación que esos fondos hicieron de Raúl Robledo como interventor dentro del proceso concursal del emporio vidriero de Monterrey.

Robledo es integrante de la firma Elek Moreno, que capitanean Juan Elek y Rafael Moreno Valle, especializada en reestructuraciones financieras y con vasta experiencia en los rubros de banca de inversión y análisis financiero. La ley concursal establece las mismas facultades para el interventor que para el conciliador, pudiendo revisar cualquier tipo de documentación relacionado con la contabilidad de la empresa.

Además establece la obligación de escuchar al interventor en cualquier acto dentro del concurso relativo a venta de activos, plan de reestructura y/o convenio concursal. En general, le otorga suficientes facultades para oponerse a cualquier acto perjudicial de los acreedores.

Al parecer ya se le puso ojos de policía al propio conciliador Navarro para que cumpla con sus obligaciones.

Aviacsa defiende

Quienes se defienden eficazmente del fisco son los de Aviacsa. En este otro frente los pupilos de Ramón Madero, que traen atrás al despacho de Antonio Lozano y Diego Fernández de Cevallos, han logrado detener las acciones legales por un presunto fraude que andaría por los 400 millones de pesos. Desde hace año y medio que el SAT, de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena terminó la auditoría y la entregó a la Procuraduría Fiscal, a cargo de Javier Laynez. Se conoce que el expediente se armó y entregó a la PGR en tiempos de Arturo Chávez pero se empantanó en los juzgados. La ofensiva fiscal del gobierno contra Aviacsa es algo que no se entiende en el contexto de un supuesto arreglo con la gente de Dionisio Pérez-Jácome. ¿Qué no son el mismo gobierno? Otra muestra del doble discurso.

Su Casita alista

El próximo 18 de agosto será la Asamblea Extraordinaria de accionistas de Su Casita en la que se reformarán estatutos y se nombrará un nuevo consejo de administración. Le adelantábamos que entran como independientes el abogado privado Javier García, el ex funcionario de Hacienda Guillermo Zamarripa, y el presidente del Fondo Alsis, David Sánchez Tembleque. El nuevo equipo que ya dirige Arturo D’Acosta trabajará en varios frentes, uno de ellos atender a los tres grupos que no suscribieron la reestructura financiera. Uno es el Nacional Monte de Piedad, que dirige Jorge Contreras, y otro el IMSS, de Daniel Karam. El primero ya demandó y el otro hasta donde se sabe no lo hará.

Maypo y Ralca

Sobre los cambios en Fármacos Especializados que le adelantábamos la semana pasada, es importante destacar que la separación de José Antonio Pérez Fayad no se va a asimilar tan fácilmente. Y es que hasta donde se sabe el empresario solicitó a su hermano, Francisco, la cancelación de sus acciones y el pago de las mismas. Las diferencias de ambos repercutieron en mal servicio hacia los laboratorios de investigación, los cuales empezaron a cancelar contratos. De esta situación tomaron ventaja algunos competidores como Maypo, de Carlos Arenas, y Ralca, de Alberto Ramírez de Aguilar. José Antonio era el responsable de las Finanzas y Operaciones del grupo.

Dejan Fiesta

Le platicábamos la semana pasada de algunas rescisiones de contratos en Posadas y particularmente la del hotel El Presidente de Acapulco, en proceso, nos dicen, de reconvertirse a Holiday Inn. La dueña del inmueble es Eugenia Azcárraga Tamayo, hermana del fundador del grupo, Gastón Azcárraga Tamayo. El rompimiento con la actual administración de Gastón y Pablo Azcárraga Andrade es inminente. Hasta donde se conoce, la señora Azcárraga es accionista de Posadas. Otros franquiciatarios de Fiesta Inn que tampoco están contentos son los de Puebla y el de León. Están evaluando los alcances legales de rescindir anticipadamente. Considérelos.

Nissan espera

Por cierto que los muchachos de Bruno Ferrari no han logrado solucionar la entrada de los modelos Tiida, Sentra y camiones NP300 al mercado argentino, que cerró sus fronteras desde finales de abril pasado a las exportaciones de Nissan Mexicana. Ciertamente se trató de una táctica dilatoria del gobierno de Cristina Kirchner para subsanar la pérdida de competitividad de su industria automotriz, pero la administración de Felipe Calderón, vía la subsecretaría de Industria a cargo de Lorenza Martínez, también ha sido incapaz de solucionar una trampa burocrática y exigir a su socio comercial el cumplimiento de los acuerdos. Aún así la armadora de José Muñoz confía en una pronta solución.