Educar o morir
Si queremos progresar y restaurar el tejido social, necesitamos invertir en educación.
En México, julio y agosto son meses de concursos para ingresar a la educación media superior y superior. Los medios dan cuenta de los esfuerzos de los jóvenes para ingresar a la UNAM o al Politécnico Nacional, así como del enojo de los miles de rechazados, incapaces de pagar colegiaturas y con un mercado laboral estrecho, que engrosan las filas de esa generación emblemática de nuestra época: los nini, los muchachos que ni trabajan ni estudian.
No somos el único país con problemas. En Chile no hay clases en la educación pública superior por una huelga de estudiantes, que fue violentamente reprimida la noche del pasado jueves. A principios de año, ocurrieron masivas movilizaciones en Inglaterra cuando el conservador David Cameron quiso elevar los costos de la educación pública, y en Estados Unidos abundan los egresados que no encuentran empleo.
Al observar lo ocurrido en los últimos años en Ciudad Juárez, quizás el mejor ejemplo de nuestro fracaso, podemos comprender qué se hizo mal. Esa metrópolis, por ejemplo, no cuenta con suficientes lugares para que los jóvenes de entre 15 y 22 años estudien. No en balde, agentes sociales como el padre Alejandro Solalinde sostienen que muchos delincuentes surgieron del fracaso escolar y la falta de oportunidades.
Parte del problema en México es que no se preparó el sistema educativo para la transición que vivimos: menor demanda en primaria y secundaria y mayor demanda en bachillerato y profesional. Y el problema no es sólo de pupitres, es también de profesores, así como de instalaciones, bibliotecas, talleres, laboratorios, canchas y sueldos para los profesores. Un profesor de la UAM, con doctorado, que dedique 20 horas a la semana a dar clases e investigar recibe cinco mil pesos de salario mensual. Hay profesores de asignatura en facultades de la UNAM que ganan mil pesos mensuales por cada materia que imparten. Podrá alegarse que es un honor impartir clases en esas instituciones, pero los académicos no viven del honor, y las plazas de tiempo completo se han convertido en una rareza. Se han hecho esfuerzos loables. Conalep, por ejemplo, introdujo nuevas carreras y mejoró sus planes y programas de estudio. El IPN constantemente patenta materiales, medicinas, alimentos, procesos que dan muestra del trabajo de sus estudiantes y profesores, pero las carencias abundan en esas escuelas.
Podrían hacerse ajustes, mejorar la productividad en todas las instituciones de educación superior, pero el hecho es que, de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el que invierte menos en educación y centraliza más las decisiones en materia de inversión educativa; lo que explica, entre otras cosas, los malos números de la prueba PISA.
Urge revisar el financiamiento de la educación pública y hacer realidad los acuerdos de la Convención Nacional Hacendaria de 2004 que, como muchas cosas que se hicieron con la ilusión de los cambios políticos de 2000, han caído en el olvido.
Decía Ortega y Gasset que sólo es posible avanzar cuando se mira lejos, y progresar cuando se mira en grande. Eso no es posible si simplemente insistimos en aplicar exámenes donde más de 90% de los aspirantes son rechazados y quedan sin otra opción. Si queremos progresar y restaurar el tejido social, necesitamos invertir en educación y asignar más recursos para nuevas universidades y bachilleratos, pagar mejor a los profesores y financiar proyectos que vinculen la educación con el sector productivo. Cualquier país grande, exitoso, en los últimos 200 años de historia, lo ha hecho así.
*Analista