Algo anda muy mal

Los resultados de la medición multidimensional de la pobreza presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) no dejan lugar a dudas: las instituciones sociales están desbordadas y no hay programa que alcance para resarcir el pésimo desempeño económico que tenemos, si éste es medido a través de los indicadores de desocupación y de las condiciones críticas de ocupación.

A pesar de algunos avances en educación y salud, la cuestión es que en 2010 hay casi 10 millones más de pobres que los contabilizados en 2006 y, si se considera sólo la medición de la pobreza por ingresos, la cifra es todavía peor, pues, según el Coneval, habría 57.7 millones de pobres.

Ante esta información, lo esperable es que las autoridades tengan la capacidad de llevar a cabo un profundo ejercicio de autocrítica. En ese sentido sorprende y sobre todo preocupa que no haya un solo funcionario en todo el país con la capacidad de reconocer que las cosas no están bien. Todo lo que escuchamos fue que, a pesar de que estamos muy mal, las cosas funcionan muy bien, y que de no ser por las políticas gubernamentales, estaríamos todavía peor.

La cuestión que no se considera en los gobiernos es que su responsabilidad constitucional no se encuentra en evitar que la gente “esté peor”, sino en garantizar plenamente los derechos que están plasmados en la Carta Magna, y que no hacerlo implica llanamente una violación, por omisión o incapacidad, de nuestro texto constitucional.

Que las cosas pueden plantearse de manera distinta es posible. En la década de los 70 del siglo pasado, los países escandinavos tuvieron una reacción completamente distinta a la nuestra. Cuando se evidenció que más de 30% de sus poblaciones vivían en condiciones inadecuadas de bienestar, asumieron que el problema era el modelo de desarrollo y refundaron su pacto social con base en tres medidas fundamentales: brindar seguridad social gratuita y universal; construir un sistema educativo gratuito y universal en todos los niveles, y erradicar la corrupción.

El argumento es simple y parte de un supuesto como el que sigue: “Cuando en una colectividad de 100 personas hay una o dos que son pobres, puede asumirse que el problema es individual, por lo que deben diseñarse programas de asistencia para reincorporarlos; empero, cuando entre 100 hay 30 que la pasan muy mal, el problema es social y compete a todos resolverlo”.

La fórmula no es muy difícil de construir en nuestro país. Recursos tenemos, pero lo que hace falta es voluntad política para alterar las estructuras de acumulación y distribución de la riqueza social que nos han llevado a la catástrofe que hoy se expresa en el hecho de que más de 90 millones de mexicanos son pobres o vulnerables.

Un dato al que se le puso poca atención en la reciente medición del Coneval es el relativo al grado de “cohesión social”, mediante el cual podemos percibir qué tan desiguales somos. Este índice creció entre 2006 y 2008; volvió a hacerlo entre 2008 y 2010. Si el número de pobres crece, es algo muy grave; que además se ensanchen las brechas de desigualdad lo hace aún peor y es lo que debería llevarnos, pero ya, a reconocer que las cosas andan muy mal y que es momento de recomponerlas.

                *Director del CEIDAS, AC